Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), José Rivera Madera y Juan José Santiago Nieves, radicaron una medida con la cual se busca ordenar la cancelación del contrato de la empresa LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla.
Se trata de la Resolución Conjunta 660, que ordenaría al gobernador Pedro Pierluisi, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) de rescindir del contrato “Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement”.
“No podemos seguir atendiendo proyectos para lavarle la cara a LUMA. Ya han sido demasiadas las oportunidades que se le ha dado a esta compañía para que le cumpla al país con lo prometido.”, manifestó Rivera Madera.
Los representantes aseguraron que el contrato suplementario que venció en noviembre del 2022 y que fue renovado indefinidamente por el gobierno de Puerto Rico tiene unas cláusulas de incumplimiento de métricas que “son razón suficiente para la cancelación del mismo”.
“LUMA no ha cumplido con Puerto Rico y no hay razón alguna para que continúe llenándose los bolsillos de dinero puertorriqueño”, añadió el representante Rivera.
“LUMA le ha fallado al país. Su incapacidad gerencial y problemas de comunicación y acción entre los diferentes niveles operacionales han provocado el desastre de estas últimas semanas en el servicio eléctrico. Nuestra gente y comerciantes ven afectada su calidad de vida mientras el bolsillo de todos continúa recibiendo un golpe en cada factura. Es importante tomar acción y que se rescinda del contrato pues la compañía no ha podido demostrar que cumplió con las métricas establecidas ni tampoco con las mejoras proyectadas a esta fecha.”, agregó por su parte Santiago Nieves.
Según los legisladores, la decisión de rescindir este contrato se fundamenta en los numerosos incumplimientos y daños irreparables ocasionados a diferentes grupos, incluyendo abonados, bonistas, acreedores, suplidores, contratistas, empleados y retirados de la AEE. Además, se considera que el control de un ente privado sobre activos públicos de alta importancia y valor, especialmente en un área tan crítica como la administración, transmisión y distribución de energía eléctrica, ha sido ejercido sin una causa legal justificada, afectando gravemente el interés público.
“Lo vivido por nuestros constituyentes en estas semanas no debe ser el estándar para medir la calidad de vida y tampoco debe ser la norma en la actividad comercial de nuestros pequeños y medianos negocios. No podemos seguir cargando la ineficiencia de LUMA ni normalizar un servicio caro y malo para el país”, concluyó Rivera Madera.
La solicitud llega luego de los constantes apagones experimentados en las pasadas semanas que han afectado principalmente a los municipios de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, al punto que el gobierno ha tenido que establecer centros de operaciones de emergencia para lidiar con la situación.
