La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al gobierno de Puerto Rico que no se implemente la Ley 111 del 2023 que incluye en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, para disponer que puedan acogerse al retiro con 55 años de edad y 30 años de servicio.
Además, el ente creado bajo la Ley federal PROMESA advierte que hay otros proyectos de ley con la misma intención legislativa para los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y para los alguaciles del Poder Judicial que no deben aprobarse por su impacto presupuestario.
Sobre la Ley 111, la JSF estimó que tendría un impacto fiscal de sobre $3 mil millones en los próximos 20 años.
“La Junta de Supervisión entiende que la ley es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y el presupuesto estatal, ya que aumentará los cargos Pay-Go y los beneficios de pensión pagados, en violación del Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado”, lee la carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.
Se señala en la misiva que previamente habían expresado su preocupación sobre la medida en el año 2022 al senador Juan Zaragoza Gómez.
“La Ley no indica cómo pagará el Gobierno el costo de sus beneficios adicionales. Además, la Ley no parece considerar que los nuevos jubilados puedan resultar en mayores pagos de pensiones o cómo cualquier ahorro de nómina proporcionado por la Ley afectaría la necesidad de nuevas contrataciones para garantizar que Puerto Rico tenga suficientes técnicos de emergencias médicas”, indica la carta. Además, se establece que el gobierno no ha cumplido con el requisito de un estudio económico sobre la medida.
“Actualmente, la Legislatura también está considerando agregar agentes del NIE, trabajadores sociales del Departamento de Familia y alguaciles judiciales a la categoría de “servidores públicos de alto riesgo” establecida en la Ley 447. En la medida en que las preocupaciones de la Junta de Supervisión con respecto a la Ley 111 sean aplicables a estos y proyectos de ley similares, alentamos a la Legislatura y al Gobernador a abstenerse de aprobarlos”, advirtieron.
Se apercibe al Gobierno a no implementar la Ley 111 hasta que la JSF acuerde que la Ley puede implementarse alineada al Plan Fiscal, el presupuesto y el Plan de Ajuste.
