La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, confirmó que una empleada de confianza de la comisión admitió haber difundido información personal de la licenciada Mayra López Mulero en un chat de mensajería de la aplicación WhatsApp.
“Es correcto, se publicó información Advance Civil ID que es una plataforma que trabaja única y exclusivamente la CEE a través de sus oficiales de inscripción de una electora, esa electora en efecto es la licenciada Mayra López Mulero, en ese sentido nosotros estamos trabajando administrativamente con lo que es la reprimenda que establece nuestro reglamento, que fue una de nuestras empleadas, quien lamentablemente haciendo uso del privilegio que tiene de acceso a esa plataforma divulgó la información de la licenciada”, reveló Padilla en Radio Isla 1320.
La presidenta explicó que la situación fue detectada tras una querella presentada ante la CEE, la cual activó un comité evaluador para investigar las alegaciones de hurto de datos electorales.
“Las querellas fueron atendidas conforme al reglamento interno de la CEE. La investigación reveló que una empleada, con acceso a la plataforma de la CEE, divulgó información personal de la licenciada Mayra López Mulero”, indicó Padilla. Según la presidenta, el comité evaluador tiene la facultad de realizar investigaciones, emitir citaciones y elaborar un informe final que puede incluir la adjudicación de faltas o delitos, así como recomendaciones para referir el caso a otras agencias gubernamentales si es necesario.
La presidenta aclaró que el reglamento establece plazos cortos para el procesamiento de estas querellas. “El término para completar la investigación es de aproximadamente 10 días”, afirmó.
El proceso se desencadenó tras la denuncia de la licenciada López Mulero, quien alegó que su información personal, incluyendo su dirección y número de teléfono, fue divulgada sin su consentimiento. La presidenta de la CEE confirmó que la empleada responsable de la filtración ya ha admitido su culpabilidad y que se están tomando las medidas administrativas correspondientes.
En respuesta a las preguntas sobre si esta filtración es parte de un patrón más amplio de prácticas indebidas dentro de la CEE, Padilla aseguró que no se ha identificado ninguna otra querella similar hasta el momento.
Por su parte, la licenciada López Mulero, subrayó que este incidente es solo un aspecto de un problema mayor que podría implicar la existencia de una red de acceso indebido a datos personales.
López Mulero expuso que, a pesar de que la empleada confesó haber cometido la infracción, este hecho representa solo un eslabón en una cadena de eventos que requieren una investigación exhaustiva. “Esta confesión confirma la seriedad de mis planteamientos y pone en evidencia que hay un esquema más grande en juego”, declaró.
La licenciada también mencionó que se ha solicitado la intervención de diversas agencias investigativas para asegurar una revisión completa del caso. “Estoy en el proceso de preparar una declaración jurada para radicar la querella en la CEE, y también estoy en contacto con el Departamento de Justicia y otras agencias para que investiguen a fondo”, añadió.
López Mulero subrayó que esta situación no solo afecta su seguridad personal, sino que también pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral en Puerto Rico. “Este incidente pone en riesgo la confianza pública en el sistema electoral. Lo que necesitamos es una investigación rigurosa para determinar si hay una mente criminal detrás de estos actos y si hay otros involucrados”, afirmó.
Padilla Rivera no quiso revelar el nombre de la empleada, sin embargo, indicó que se trata de una empleada de confianza y realiza balance electoral.
Carmen Vázquez Fraguada es mencionada como la presunta responsable de la divulgación de datos confidenciales de la licenciada López Mulero. Según López Mulero, Vázquez Fraguada, quien se identifica en sus redes sociales como oficial de inscripción de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el Partido Nuevo Progresista (PNP), estaba presente durante una transacción electoral realizada por López Mulero el pasado lunes.
“Este es un delito, el código electoral lo establece como un delito grave, las consecuencias punitivas son considerables, entre ellas se establece la reclusión, días en cárcel para la persona que cometa ese delito”, aseguró Padilla.
A pesar de la divulgación de esta información, Padilla Rivera, aseguró que “no es una práctica” que se lleve a cabo regularmente en la CEE.
