La Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI) realizó varias denuncias en relación a los servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) luego del cierre de un centro ubicado en San Juan dentro de las facilidades del Centro Médico de Río Piedras, que contaba con áreas habilitadas y servicios médicos para personas con diversidad funcional.
Del mismo modo, señalaron gestión deficiente de fondos y eliminación de servicios para las personas con diversidad funcional. Además, denunciaron que el centro ha sufrido numerosos cambios por parte de los gobiernos de turno abandonando la parte médica y enfocándose en lo vocacional.
Luego de los embates de los huracanes Irma y María, el centro sufrió graves daños, según la denuncia, para esto se utilizaron fondos federales asignados para su reconstrucción, pero la ARV no cuenta con los fondos para el pareo de los mismos. También la CADFI señaló que la renta impuesta por la Administración de Servicios Médicos (ASEM) es exorbitante en comparación con las condiciones en que se encuentran las facilidades.
Los miembros de esta organización en favor de las personas con diversidad funcional expresaron que por años han sufrido recortes por parte del gobierno a los servicios para sus respectivas necesidades.
“Llevamos ya más de seis años que se han ido eliminando servicios contantemente y le dicen a la gente que no los tienen o que las facilidades no cumplen, muchas excusas para seguir estrangulando al centro”, expresó, el Dr. David Figueroa presidente de CADFI.
“Que negocien de buena fe, que hay fondos federales y que el gobernador ha hecho una campaña publicitaria diciendo que se están ofreciendo servicios cuando no es la realidad. Ese dinero lo puede utilizar para brindar los servicios que necesita la comunidad”, añadió, en entrevista con Metro Puerto Rico.
Según denunció, Glenda Vélez, madre de un adulto con autismo e intercesora para familias con discapacidad, la ARV no ha trabajado lo suficiente para dar a conocer los servicios de integración de la población con impedimentos al mundo laboral.
“Una vez el joven cumple 14 (años) sin importar el grado de su impedimento mientras este en el Departamento de Educación de 14 a 21 años, todos tienen derecho a recibir servicios de pre-empleo. Muchas veces la Administración De Rehabilitación Vocacional se refiere a estos servicios de manera errónea, diciendo que son para los estudiantes con discapacidad elegibles distorsionando la información; cuando bajo la el servicio es para todos”, expresó en entrevista con este medio.
Los miembros de la organización indicaron que mediante la Resolución de la Cámara 669, presentada en la Cámara de Representantes, se exige a la administración del Centro Médico y a la ARV que se pongan de acuerdo para continuar los servicios en las facilidades actuales. Sin embargo, no se tomaron mayores acciones respecto a esta medida en la sesión ordinaria de este año.
