Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los candidatos acuden a distintos foros y pagan publicidad para hacer promesas de campaña que podrían chocar con la realidad de las limitaciones que impone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Metro Puerto Rico consultó a profesionales de distintos sectores para analizar propuestas que podrían culminar en promesas incumplidas.
Electricidad
La crisis energética y el desempeño de LUMA Energy sobre la red de distribución eléctrica durante los pasados años es uno de los temas más cruciales en la discusión electoral. La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, había hablado de cancelar el contrato de LUMA, luego planteó que sería más costoso y finalmente ha dicho que se cancelaría mediante la fiscalización de un zar de energía. Mientras, el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau propone cancelar el contrato para pasar a un modelo público despolitizado.
El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democratico (PPD), Jesús Manuel Ortiz, aboga por la cancelación inmediata del contrato de LUMA y el retorno de la gestión a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en lo que se negocia un nuevo acuerdo con otra empresa privada. A su vez, el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, propone un plazo de 90 días para que la empresa demuestre mejoras o, de lo contrario, sea reemplazada, sugiriendo la creación de una nueva organización no partidista.
Para el abogado experto en PROMESA John E. Mudd, las propuestas que buscan regresar la administración de la red eléctrica a la Autoridad son una “soberana estupidez”. Conforme al licenciado, desde 2017, la Junta buscó la privatización de la AEE, por lo que no permitiría un retorno al modelo público.
“Tienes que ver que, cuando viene María, y el Congreso nos asigna todo ese dinero, por mis fuentes individuales […] el Departamento de Energía dijo que no va a entregar ese dinero a la Autoridad. ‘Yo quiero que haya alguien privado administrando la Autoridad”, dijo Mudd.
Detalló que los planes fiscales de la AEE y del gobierno central plantean la operación privada de la red eléctrica.
“Mientras tú tengas una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, tú no vas a volver a la Autoridad”, aseguró.
Sobre la posibilidad de un impacto económico ante una posible salida de LUMA, el abogado no ve un riesgo mayor. “Si LUMA administra la Autoridad, o la administra un tercero, o la misma Autoridad de Energía Eléctrica, no cambia la cuestión económica de Puerto Rico. Estamos hablando de 100 y pico de millones de dólares en un presupuesto de sobre 10 millones”, expresó Mudd.
Mientras, el abogado Rolando Emanuelli describió que, si la gestión de cancelación se hace acorde a la sección 14 del contrato, que establece las posibles causas de cancelación, no habrá algún tipo de implicación económica.
“Salvo a que, obviamente, durante la transición hay que seguir pagándole a LUMA. LUMA va a seguir gerenciando el sistema, y mientras tanto, va a ir devengando sus comisiones y, cuando llegue el momento de la devolución de las operaciones, pues entonces ahí se le dejaría de pagar”, explicó Emanuelli, quien forma parte de la comisión jurídica del Colegio de Abogados y Abogadas que estudia el contrato de LUMA, y además acompañó a Dalmau al anunciar su plan sobre la cancelación del contrato del operador privado.
Economía
Una de las propuestas más llamativas sobre temas económicos es la de González Colón sobre una reforma contributiva enfocada en la clase media, que incluye la reducción de las tasas contributivas y el pago de ganancias de capital para inversionistas locales, además de la simplificación del sistema fiscal. También, plantea congelar el impuesto al inventario por cinco años mientras se busca una alternativa, con la exención de medicamentos con receta.
“Los economistas, le decimos a todos los políticos que, en Puerto Rico, opera una variable fundamental, que es la restricción presupuestaria. Para cada partida de gasto, tiene que haber una partida de ingreso. Por lo tanto, si la comisionada residente dice que va a bajar los impuestos, tiene que explicar también en qué áreas del presupuesto va a recortar”, explicó el economista Heriberto Martínez.
Conforme a Martínez, sin una explicación clara de cómo se generarán los ingresos, la propuesta de la candidata podría poner en riesgo el Fondo General, lo que reduce las posibilidades de aprobación por parte de la JSF. De hecho, en 2023, el ente fiscal rechazó una reforma contributiva ya convertida en ley, argumentando que ponía en riesgo la estabilidad fiscal del gobierno.
“A todos nos gustaría que de un modo u otro nos bajen los impuestos, pero bajar impuestos implicaría aumentar el déficit, y eso provocaría que nos endeudáramos más. Pero no podemos así, y hay que recortar directamente en un contexto, en el cual el 80% del presupuesto en Puerto Rico es nómina y retiro. Por lo tanto, me parece que esa propuesta de bajar impuestos que presenta la comisionada le hace falta mayor profundidad y mayor explicación en los cálculos”, opinó el expresidente de la Asociación de Economistas.
Salud y bienestar
En el campo de la salud, el candidato del PIP propuso un Plan de Salud Universal que garantizaría el derecho a los servicios médicos para toda la población.
El expresidente del Consejo Multisectorial de Salud Rafael Torregrosa ve con buenos ojos la propuesta.
“Nosotros debemos reestructurar el aparato de salud fragmentado que tenemos porque básicamente eso es lo que está drenándonos económicamente y dándonos unos resultados terribles para el acceso al servicio y la calidad del cuidado”, dijo el doctor.
Torregrosa, además, señaló que durante los últimos 30 años, los estudios respaldan el modelo de financiamiento público. “Lo que estás montando es un componente de financiamiento que es mucho más eficiente, y con esos ahorros tú cubres a la gente que no tiene seguro y le pagan mejor a los médicos para que nos mantengamos dando la mejor calidad de cuidado”, dijo.
Sin embargo, el economista Martínez identificó que, aunque inspiracional, también se requerirá capacidad de financiamiento, ya sea por recursos privados o fondos propios.
“Yo favorezco la idea de un Plan de Salud Universal, pero tiene que ser de la mano de que tenga fuente de financiamiento y de cómo vamos a organizar ese modelo. No necesariamente el modelo se puede organizar única y exclusivamente a través de una idea de Estado, sino que también pueda contar con otros sectores, como cooperativas, organizaciones no gubernamentales”, añadió.
Por su parte, el candidato a la gobernación por el PPD promueve la ampliación del programa de cuidadores formales, con un costo anual de $225 millones, que sería financiado con $2,500 millones de una reserva gubernamental de $10,000 millones, ofreciendo servicios de cuatro horas diarias, cinco días a la semana. También, propone capacitar a cuidadores informales y uniformar salarios.
Las propuestas, según Martínez, comparten la necesidad de aclarar un impuesto finalista o una partida específica que cubra los gastos.
“El problema es que ese dinero no es permanente (los excesos en recaudos). Ese dinero es una caja de ahorro prácticamente. Por lo tanto, si se escoge dinero de esa caja de ahorro para amas de llaves, después que ese dinero se termine, vamos a tener que identificar algún impuesto finalista. Por un lado, se está hablando de salud universal y de mayores servicios de amas de llaves, pero por otro lado hay una propuesta de bajar impuestos. Es bien difícil coincidir las dos propuestas”.
