El pasado lunes, se publicó una campaña contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) en los conocidos billboards que ubican a orillas de las autopistas en la zona metropolitana. La misma llevaba mensajes en el sentido de que “Votar por el PNP es votar por la corrupción”, “Quien vota PNP no ama a Puerto Rico” y “Votar PNP es votar por LUMA”.
La campaña fue financiada por el intérprete Bad Bunny, quien publicó que el PNP intenta callarlo. “El PNP utilizando su poder para tratar de callarme. ¿Qué está pasando con la democracia?”, publicó. El comentario revela que el intérprete desconoce la ley. Lo cierto es que los mensajes no establecían, como requiere la misma, quién era el autor o quién financiaba la campaña.
Antes de continuar, hay que dejar establecido que todos y cada uno de los mensajes publicados son parte de un ejercicio legítimo y genuino de libre expresión. No obstante, la libre expresión no es absoluta y en la arena política, más en año electoral, hay unas reglas que cumplir para mensajes pautados a favor o en contra de candidatos u organizaciones políticas.
La “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, desde su creación en 2011 y con sus últimas enmiendas en 2020, define como “Comunicación” una expresión dirigida al público “…en cualquier medio de difusión”. Los billboards son un medio de difusión.
Define como “Comunicación electoral o con fines electorales” toda comunicación que: “(a) se refiere a un partido político, ideología política, aspirante o candidato…”. El mensaje era sobre un partido.
Sobre la inversión en mensajes referentes a todos los candidatos a puestos electivos, todos los partidos políticos, e incluso las ideologías políticas, la aplicabilidad de la ley incluye a “…cualquier persona que haga un desembolso para financiar una comunicación para fines electorales o para financiar una comunicación electoral…”. Añade: “Si la comunicación no fue autorizada por un partido, aspirante o candidato o por el comité de campaña o comité autorizado de dicho partido, aspirante o candidato, o sus agentes, la comunicación deberá indicar claramente el nombre, dirección física y dirección de internet de la persona que pagó por la comunicación y deberá indicar claramente que no fue autorizada por el candidato, aspirante, partido y sus comités”. Es decir, que el mensaje debía decir que no era auspiciado o autorizado por ningún partido o candidato y/o dejar claro de quién proviene el mensaje.
Obviamente, figuras del entretenimiento, que su fuerte no es necesariamente la política o los asuntos legales que la rodean, pueden cometer el error de proceder una acción ignorando las leyes. No obstante, una figura como este artista, no da ningún paso sin que haya una consulta legal. No puede ser tan torpe. Claro, en el mundo de hoy día también se hacen las cosas de la manera que más llame la atención para hacer mayor ruido y que el mensaje llegue más lejos.
Ahora bien, todo medio que lleve un tiempo considerable, y aunque no tenga tanto tiempo, sabe cuáles son las reglas porque lo han hecho con candidatos, partidos, PACs, personas independientes, etc. ¿Por qué la empresa bMedia decidió ignorar la ley y pautar los anuncios sin identificar? Pues ellos sabrán, pero no debe haber sido porque no se percataron. En los medios que trabajo no sale un anuncio político sin identificar, y en la industria de los billboards lo saben, más cuando llevan años haciéndolo. De hecho, hubo otras compañías que se negaron a publicar sin identificar. bMedia dijo que habían consultado con la Oficina del Contralor Electoral, Walter Vélez, no obstante, este hizo público que, cuando lo llamaron y le explicaron, advirtió que cruzaron la línea de lo legal y se comprometieron a eliminar los anuncios como estaban para subirlos nuevamente como indica la ley. No obstante, no lo hicieron. No fue hasta la tarde del martes que lo hicieron. Según se supo, la tardanza fue porque el exponente se negaba a que los bajaran y los subieran como establece la ley, identificándolo, en este caso, a él como autor y quien pagaba.
Hace dos años, el amigo del gobernador Pedro Pierluisi, Joseph “Joey” Fuentes, fue sentenciado a nivel federal por un esquema para ocultar quiénes eran los donantes para una campaña negativa contra la exgobernadora Wanda Vázquez y/o Charlie Delgado, los dos oponentes principales del gobernador en primaria y elecciones generales.
Para que Bad Bunny entienda, aunque yo sí creo que los abogados se lo deben haber explicado de antemano, toda inversión de cualquier mensaje político, se debe notificar y cumplir con todo lo que requiere la ley. La ley tiene que aplicarle a todos por igual. La libertad de expresión gritando en una plaza el apoyo por un candidato o un partido no es la misma cuando se invierte dinero. Esa se puede hacer también, pero hay que informarla para no parecerse al “bipartidismo corrupto” que denuncian.
No deben pedir transparencia cuando se trata del PNP, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad, e ignorar la transparencia cuando les aplica a ellos, queriendo pasarse las leyes por donde no les da el sol porque se entiende que su fama le da licencia abierta para hacer las cosas a su manera.
Era muy sencillo cumplir con la ley, poner su nombre y hacer lo que al final tuvo que hacer.
No, Bad Bunny, no siempre puedes hacer lo que te da la gana, y esto lo demuestra. Sigue tu campaña y ejerce todos los derechos que tengas, pero la invitación es a hacerlo cumpliendo con las leyes, como le aplica a los demás.
