Del CPI
El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, aprobó con su firma el acta de una reunión de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) en marzo de este año, en la cual la agencia extendió hasta 2053 un contrato para facilitar un proyecto fotovoltaico en terrenos agrícolas que pertenecen a una corporación de la que él es inversionista.
La siembra de las placas solares la hará la empresa Clean Flexible Energy, una afiliada de la privatizadora de producción de energía AES, en una instalación solar fotovoltaica en dos lugares: Salinas y Guayama. Uno de los desarrollos ocurre en terrenos pertenecientes a Agriart en lotes entre Salinas y Guayama. Agriart es una corporación en la que el Secretario posee un 18% de la participación y en la que un hijo y un socio suyo figuran como vicepresidente y presidente, respectivamente.
La Finca Reunión así como la Finca Josefa — ambas ubicadas en el barrio Jobos en Guayama, donde se desarrolla otra parte de la instalación fotovoltaica — fueron arrendadas por 15 años a Clean Flexible Energy en septiembre de 2023. La transacción fue para que la compañía acceda a la servidumbre del proyecto de energía renovable y de servidumbre para la línea de transmisión eléctrica a la subestación de Jobos. El canon de arrendamiento anual para la Finca Reunión es de $9,537 y de la Finca Josefa es $2,400. Clean Flexible no contestó preguntas sobre la operación de la instalación fotovoltaica en ambos lugares.
El pasado 13 de marzo, la Junta de Gobierno de la ATPR se reunió para extender el arrendamiento de la Finca Reunión a 30 años. El asunto ya había sido llevado a la discusión de la Junta en noviembre de 2023, apenas un mes después de darle en arrendamiento el terreno. Ambas reuniones contaron con la asistencia del Secretario de Agricultura.
El Acta Referéndum del 13 de marzo de 2024 indica que el alquiler de la finca de la ATPR es necesario para que esta compañía pueda cumplir con su contrato con la AEE y conseguir financiamiento para el proyecto de las fincas solares.
Agriart LLC tiene más de 1,800 cuerdas de terreno entre el barrio Aguirre, en Salinas, y el barrio Jobos, en Guayama, según un documento presentado al Departamento de Energía federal. En 661 cuerdas de esas fincas que Agriart alquila a Clean Flexible Energy, se planifica la construcción de un proyecto de producción de energía dividido en dos fases en las que las instalaciones fotovoltaicas sumarán 200 megavatios. El proyecto busca vender electricidad a la red de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Por disposición de ley, González Beiró, al ser secretario de Agricultura, preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Su firma al pie del acta de marzo hace constar que la reunión sobre la extensión del arrendamiento se aprobó por la mayoría de los miembros, pero no especifica cómo fue la votación.
Señala que el “Presidente de la Junta se inhibió de participar en la evaluación y votación de este asunto”, pero no aclara si González Beiró permaneció en la sala de reunión durante la discusión del arrendamiento o si se salió en momentos en que se trataba el asunto y, de ser así, no indica cómo es que puede dar fe en el acta de lo acontecido en ella.
“Yo no rec(uerdo)… yo no te puedo asegurar si me salí o no… pero… yo… y te explico a ti porque es más fácil en palabras, yo me inhibí, aunque esto no tiene nada que ver conmigo… ni tiene que ver con mis negocios, ninguna de las fincas de mis negocios tiene nada que ver con la Autoridad de Tierras”, dijo el secretario al preguntársele si estuvo presente en la discusión sobre el arrendamiento a Clean Flexible Energy, con quien Agriart tiene relaciones comerciales.
“Clean Flexible tiene proyectos en otros lados. Usted está asumiendo que [el arrendamiento de las dos fincas] son para los proyectos de Agriart”, replicó González Beiró.
También una minuta de una reunión de la Junta el 16 de noviembre de 2023 menciona que se discutió el tema del arrendamiento de la Finca Reunión, aunque no se tomó una decisión en ese momento, y que González Beiró se abstuvo de participar y votar sobre ese asunto, pero tampoco especifica si se quedó a escuchar la discusión por parte de los otros miembros del grupo.
La Ley de Ética Gubernamental prohíbe que un servidor público intervenga, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para sí mismo, un familiar o socio suyo. Define como conflicto de interés aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) establece que, ante un posible conflicto de intereses, el servidor público debe inhibirse de participar en el asunto que da base al mismo y aclara que la situación demanda no solo no participar ni votar, sino que el funcionario público no puede estar presente en la discusión del asunto que le genera el conflicto de interés.
“Si usted se encuentra participando de una reunión en la cual surja un asunto que le genere un conflicto de intereses, se excusará de la reunión y saldrá de la misma hasta que concluya la discusión y se tomen las determinaciones sobre dicho asunto”, dice el documento de orientación de la OEG. “La agencia no debe considerar su comparecencia para efectos del quórum para la votación sobre el asunto que le genera un conflicto de intereses. Deberán constar en el acta de la reunión, su ausencia y los motivos que dieron lugar a la misma”.
El acta de la Junta de Gobierno de marzo de 2024 fue firmada también por el secretario de la Junta, Dickson Ortiz Maíz, quien en marzo se acogió a la jubilación bajo la Ley 80. Los otros asistentes a la reunión fueron el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda; el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy González; y Luis Rivera Cruz, en representación del Banco Gubernamental de Fomento. El CPI y Bonita Radio solicitaron entrevista con Cidre, pero no fue concedida. La Ley de Tierras estableció que la Junta de Gobierno debe estar compuesta, además, por tres representantes del sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico por el término de cuatro años, pero esas posiciones han estado vacantes desde 2017.
El CPI no pudo corroborar lo ocurrido en esa reunión del 13 de marzo porque la ATPR no transmite ni tiene un archivo de grabaciones de las reuniones de su Junta de Gobierno, en violación a la Ley 159-2013, que le impone la obligación de grabarlas y mantenerlas en el portal de la corporación pública. La legislación persigue que “los tiempos de manejar los asuntos públicos desde cuartos oscuros tienen que quedar en el pasado”.
Ante el planteamiento de que no hacer disponibles las vistas de la Junta de la ATPR vía internet viola la Ley 159, el Secretario indicó: “Pues señálalo”. “Que yo sepa, yo estoy en otras juntas y yo nunca veo que las transmiten, de verdad”, añadió.
La ATPR tampoco tiene publicadas sus actas en su página electrónica. El director ejecutivo de esa corporación pública, Irving Rodríguez Torres, entregó las actas en abril al CPI y Bonita Radio luego de ir al Tribunal de Primera Instancia, ante la inacción de la corporación pública a la petición de información hecha desde febrero de 2024.
La Junta de Gobierno entregó 57 actas y aseguró que esas son las únicas que existen correspondientes a las reuniones de los años 2017 al 2024. Entre los documentos entregados, no está ni el acta ni la minuta de la reunión donde se alega que la ATPR autorizó el primer arrendamiento de la Finca Reunión a 15 años a Clean Flexible.
González Beiró dijo que esa transacción no se dio ante la Junta de Gobierno pues “los contratos los trabaja [la Oficina de] Bienes Raíces, [luego] los ve un Comité, los pasa al Director Ejecutivo, [y] los firma el Director. El término de los contratos es de 15 años. De muchos años en la Autoridad, si alguien necesita un contrato de más tiempo, pues entonces, ese término se le consulta a la Junta”.
El Secretario de Agricultura afirmó que no existe “conflicto moral ni legal” en la aprobación de arrendamientos de terrenos públicos de uso agrícola para facilitar la siembra de placas solares en terrenos que pertenecen a una corporación de la que su hijo es vicepresidente y él tiene participación económica. Agriart no es la compañía encargada de la siembra de las placas solares, pero es la arrendadora de Clean Flexible Energy, que será la que desarrolle y opere el negocio. González Beiró insistió en que no hay ningún conflicto en tanto las fincas Reunión y Josefa no fueron alquiladas a ninguna corporación en la que él tiene participación directa.
González Beiro tiene un 18% de participación en Agriart, LLC desde el 2020, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental. Los otros directivos de Agriart LLC son su presidente, Michael McCloskey; el vicepresidente, Ramón González Bennazar, quien es el hijo del Secretario de Agricultura; el secretario, Dan Dowling; y el tesorero, Manuel Pérez, según una resolución corporativa de junio de 2021.
El funcionario aseguró también que no existe ningún conflicto de interés en tanto gestionó un Fideicomiso Ciego en el que figuran sus negocios, incluyendo a Agriart LLC, para no intervenir en su administración mientras ocupe el cargo. Aclaró que, como agricultor, al igual que lo son otros miembros de su familia, “todas las decisiones que tome como Secretario — buenas o malas — afectarán positivamente o negativamente nuestros negocios”.
Según una misiva de la Oficina de Ética Gubernamental de mayo de 2021, la escritura del Fideicomiso Ciego se hizo en diciembre de 2020, cinco meses después de que se creara la corporación Agriart LLC. En ese mismo documento, se establece que el Secretario ha mantenido negocios con tres corporaciones, incluida Agriart LLC.
La escritura de Fideicomiso fue presentada por el licenciado Antonio Marichal Aponte, quien fue el mismo que creó la corporación el 14 de julio del 2020. González Beiró fue designado Secretario del DA el 3 de diciembre de 2020.
En entrevista para el CPI y Bonita Radio, González Beiró afirmó que no sabe “para qué ellos las quieren [las fincas de la Autoridad]. Es que eso yo no lo sé. Ellos quieren dos predios, uno de ellos es en Guayama y el otro no sé dónde es”.
Fincas en las que no se siembran alimentos
Los permisos para el proyecto de las fincas solares están registrados en el expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y de la Junta de Planificación, en donde se establece que, por lo menos, tres de los lotes donde se propone la construcción están clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola (SREP-A) en un 95%. Dicha categorización implica que esos terrenos tienen unas restricciones de uso porque se consideran de alta productividad agropecuaria.
La misión de la ATPR “es adquirir, custodiar y administrar los terrenos de más alto valor productivo con el propósito de fomentar la agricultura auto sostenible y rentable, potenciar el desarrollo socio económico de la sociedad puertorriqueña y garantizar la permanencia de los mejores terrenos de labranza a las futuras generaciones”.
El uso de estas tierras para la producción de energía viola también el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de la Junta de Planificación, que los clasificó “como protegidos para el fin de sembrar alimentos, no placas solares”, dijo el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pellati.
De acuerdo al PUT, en el área hay diversidad de suelos con clasificación de Agrícola-Productivo, Agrícola Mecanizable, Conservación de Recursos-1 y Conservación de Cuencas. En el sector, se cruzan recursos de agua como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste.
El planificador explicó que la alteración del uso restringido se ha dado durante las administraciones de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, con el argumento de que la infraestructura instalada se retirará eventualmente, y para eso se han servido de cambios al Reglamento Conjunto.
“El problema es que tenemos contratos [para fincas solares] de hasta 30 años. Eso enajena el terreno para su uso, que es la siembra”, destacó García Pellati.
El Secretario de Agricultura dijo que apoya “la generación de energía mediante la instalación de fincas solares y su uso combinado con la agricultura” y afirmó que “las fincas solares están permitidas en suelos catalogados como Rústico Especialmente Protegido” porque, a su juicio, “el impacto al terreno en dichas instalaciones es mínimo y completamente reversible al cabo de la vida útil de los proyectos”.
Los predios propiedad de Agriart LLC en esa zona se distribuyen en 13 lotes, identificados con 12 catastros distintos, comprados el 17 de febrero del 2021 a Mycogen Seeds, cuando ya González Beiró estaba nominado como Secretario de Agricultura.
El coordinador del movimiento Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), en Salinas, Roberto José Thomas Ramírez, opinó que es indudable el conflicto de interés del Secretario de Agricultura y Presidente de la Junta de Directores de la ATPR y que, a su juicio, raya en la corrupción.
“[Al secretario] se le paga con fondos públicos para proteger las tierras y lo que hace es aprovechar su poder asignado por el Gobernador Pedro Pierluisi en este Departamento”, dijo Thomas Ramírez.
“Él está enriqueciéndose y además faltándole al deber ministerial que se le asignó de proteger terrenos públicos. Personas como Ramón González, que han sido dueños de Salinas como parte de su familia por años, y que opera casi como hacendado, no tienen ningún tipo de interés ni importancia sobre lo que pase con la población porque él y su familia se benefician”, añadió.
El líder comunitario afirmó que las fincas solares industriales como las de Salinas afectan de múltiples maneras a las comunidades.
“No es un modelo que vaya a resolver los problemas que tenemos con el sistema eléctrico del país”, señaló Thomas Ramírez. “Si seguimos sembrando placas, profundizamos el problema de acceso a la alimentación. Imposibilita y crea otros problemas como las inundaciones. Le creas una avenida al agua al eliminar toda la vegetación y compactar la tierra. Impermeabilizas el terreno, y el agua no puede entrar por la tierra”, explicó destacando que eso ya está ocurriendo en comunidades como la de El Coquí, en Salinas, donde la empresa Ciro One Salinas tiene otro proyecto de fincas solares.
Los negocios de González Beiró y su familia
González Beiró, nominado a Secretario de Agricultura en enero de 2021 por el gobernador Pedro Pierluisi y confirmado el 10 de mayo del 2021 por la legislatura, ha sido confrontado en varios reportajes periodísticos por los posibles conflictos de interés entre sus funciones oficiales y los negocios que lo involucran a él y a sus familiares. Entre ellos, transacciones de compra de equipo que adquiere el Departamento de Agricultura (DA) y su dependencia, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, a la empresa González Agro Inc. propiedad de su padre, Ramón González Rodríguez.
Entre los posibles conflictos están, además, las ventas de equipo a agricultores que Agro Power, otra empresa que preside su hijo Ramón M. González Bennazar, ha logrado mediante subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (Re-Grow, en inglés), fondos que supervisa el Departamento de la Vivienda, según una investigación anterior del CPI. Los tractores que vende Agro Power son, incluso, exhibidos a los agricultores en actividades auspiciadas por el Departamento de Agricultura a las que el Secretario acude a hablar de los programas que su agencia tiene disponibles para los trabajadores de la tierra. Según documentos de la OEG, González Beiró tenía 100% de participación en esta compañía.
Otra investigación periodística reveló que la ATPR, bajo la presidencia de González Beiro, permitió que el Municipio de Toa Baja subarrendara 501 cuerdas de tierras agrícolas a Coastal Farms, empresa integrada por Christopher Dowling y Manuel Pérez, quienes ocupan las posiciones de secretario y tesorero en la empresa Agriart LLC.
En las inmediaciones del pueblo de Salinas y de Guayama, zonas agrícolas en las que el agrónomo González Beiró desarrolló su capital personal, que ronda los $2.1 millones, se habla de la influencia que tiene ‘Pirul’, apodo con el que se le conoce al Secretario, sobre los negocios que se dan con terrenos del Gobierno.
Tres fuentes de información que han seguido la pista de los negocios de fincas solares en el área de Salinas sostienen que González Beiró “manda y va” en todas esas empresas y que sus hijos son el frente.
“Lo último que adquirió el propio Pirul son esas tierras donde estaba la semillera [Mycogen]”, dijo una fuente que no quiso ser identificada en referencia a las fincas en hilera que se amontonan detrás de un letrero de la OGPE a nombre de Clean Flexible Energy. El CPI confirmó que, según el registro de Catastro Digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), todas las transacciones se dieron el 17 de febrero de 2021.
Además, al revisar el registro público del CRIM, se evidencia que las corporaciones González Agro -registrada en 1967- y Agrícola Fortuna -de 1979- tienen registradas a su nombre sobre 14 fincas y unos cinco solares en el barrio Aguirre de Salinas. Estas dos empresas son propiedad del padre del Secretario de Agricultura. En González Agro, la hermana del Secretario, María del Rosario González Beiró, figura como vicepresidenta, secretaria y tesorera.
Agriart LLC se incorporó en el Departamento de Estado el 14 de julio de 2020. Su presidente McCloskey, originario de Pittsburgh y de madre puertorriqueña, llegó a los siete años, se crió en la Isla y se convirtió en veterinario. Hoy día, vive en Indiana, donde maneja un negocio de producción de leche. Es beneficiario de la Ley 22 hoy Ley 60, que procura el traslado de millonarios inversionistas a Puerto Rico.
González Bennazar tiene, junto a su hermano agrónomo Manuel Antonio, las empresas Venterra Farms y AG Agro Inc.. Venterra Farms recibió, entre el 2020 y el 2021, incentivos contributivos de $100K para proyectos agropecuarios de la agencia que dirige su padre.
Los contratos fueron firmados por el administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Rodríguez Reyes; y el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced.
González Beiró, quien ha sido presidente de la Asociación de Agricultores en dos ocasiones, reconoció su disposición de permanecer en la jefatura del Departamento de Agricultura si se lo solicita la persona que en enero próximo ocupe La Fortaleza. El agricultor de Salinas fue nombrado por Pierluisi, a quien respaldó en las primarias del Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, tras la derrota del Primer Ejecutivo en la contienda contra Jenniffer González Colón, varias fuentes aseguran que el secretario se mantiene buscando el respaldo dentro del grupo de campaña de la aspirante a la gobernación del PNP.
“Toda mi vida he estado disponible para servirle a los agricultores de Puerto Rico”, puntualizó el agroempresario salinense con una sonrisa.
