Según el informe Feminicidios, Desapariciones y Violencia de Género 2024, publicado por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, las tasas altas de estos delitos se registran en municipios con menor población de mujeres.
Hasta septiembre de este año, se registró un total de 71 feminicidios, cifra que, en 2023, no se alcanzó hasta diciembre.
El observatorio utiliza la siguiente definición de feminicidio: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se habla de feminicidio íntimo cuando el asesinato de una mujer fue cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. Se califica como feminicidio directo cuando el objetivo del victimario era causar la muerte a la mujer víctima de la violencia machista. Mientras, es indirecto cuando la muerte de la mujer no era el objetivo inicial de la violencia, pero esa fue la consecuencia al estar más vulnerable como resultado de su género.
El municipio con la tasa más alta de feminicidios fue Añasco, marcando un 49% en una población estimada de 8,206 mujeres. Este pueblo registró un intento de feminicidio, descrito como un acto de agresión que pudiera haber causado heridas mortales, y tres bajo investigación, catalogados como muertes violentas de mujeres sin información.
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Le siguieron Guayama, Ciales y Las Marías, cada uno con un 46% de feminicidios en relación con su población femenina.
Guayama registró un feminicidio indirecto. Mientras, Ciales tuvo un feminicidio indirecto, uno bajo investigación y dos intentos de feminicidios. Las Marías destacó dos intentos de feminicidios.
Metro Puerto Rico examinó las plataformas de cada candidato a la gobernación sobre este tema.
Para la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Cristina Parés-Alicea, aunque el gobierno ya cuente con los recursos, el problema recae en la falta de voluntad.
“Hay muchísimos recursos porque son los recursos del Estado y el Estado, con su distribución de sus presupuestos, determina cuáles son sus prioridades. Lamentablemente, atender el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en general, según queda demostrado, es un derecho tan básico como que los albergues de emergencia no tengan fondos recurrentes. […] Son expresiones contundentes de que las vidas de las mujeres no importan lo suficiente”, expresó Parés-Alicea.
La directora ejecutiva determinó qué factores esenciales se deben tener en cuenta para desarrollar un plan de acción: los derechos de la mujer, el nivel educativo, garantizar la autonomía financiera, entre otros.
“Mirar también el caso del otro lado de la moneda: la persona con quien ellas están de pareja, en qué país estamos naciendo, en cuál nos estamos criando. Acaso nuestros derechos a la accesibilidad a la educación, a tener lo que necesitamos para vivir, esas necesidades básicas, las secundarias, todas esas cosas que nos hacen irnos desarrollando saludablemente. Ver ese contexto social inmediato sería otra cosa”, continuó.
Según la coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Josefina Pantoja Oquendo, las plataformas que más han atendido el tema de violencia de género son las de la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (Alianza PIP-MVC), así como el Partido Popular Democrático (PPD).
“En los programas de Victoria Ciudadana, PIP y un poco del Partido Popular [el tema] se ha manejado. Entiendo que las más [completas] son la del PIP y la de Movimiento Victoria Ciudadana. Son tratadas con mucho cuidado, y de una manera transversal que responde al planteamiento de nosotras”.
A continuación, desglosamos algunas de las propuestas de los candidatos a la gobernación para atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico:
Jenniffer González Colón
En la plataforma de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se propone un programa de apoyo a las víctimas de violencia doméstica, diseñado para ofrecer un entorno más “seguro y acogedor”, luego de llegar a su cuartel más cercano. En dicho lugar catalogado como “seguro”, la víctima podrá continuar su trámite legal y podrá recibir asistencia en un ambiente menos “aterrador e intimidante” que una zona policial.
La propuesta, además, busca que la persona sea recibida por un trabajador social o un intercesor judicial que pueda acompañar a la víctima durante su entrevista con la Policía y fiscalía, de ser necesario.
“Explicarle qué va a pasar durante el proceso judicial y los derechos que le asistirán con la orden de protección (o sea, qué hacer con la orden, dónde entregarla para asegurarse de que el agresor no pueda acercarse a ella, etc.)”, indica la plataforma.
Asimismo, la candidata establecerá un plan de seguridad que ayude a identificar y coordinar las ayudas disponibles y necesarias con los componentes del gobierno y entidades del tercer sector, asistir a la víctima a presentar órdenes de protección a través de la Sala Municipal Virtual y acompañarla durante el proceso judicial.
Conforme a la plataforma, el Departamento de Justicia ya cuenta con una Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, a través de la cual se puede canalizar la propuesta.
Juan Dalmau Ramírez
Por su parte, el candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC plantea la creación del Comité de Atención a la Violencia de Género, que busca ser el organismo encargado de coordinar esfuerzos entre el gobierno y organizaciones académicas y comunitarias sobre la prevención, atención y manejo de la violencia de género.
Entre sus propuestas, se encuentra elaborar campañas educativas permanentes sobre la violencia de género en los medios de comunicación masivos, y el desarrollo de un modelo “integral” de intervención e investigación que incluya un enfoque salubrista y académico, que permita el análisis y la recopilación de datos sobre programas e intervenciones “eficaces” de prevención y atención de la violencia de género.
La plataforma plantea crear un currículo educativo con perspectiva de género que permita el reconocimiento de las desigualdades de género, tanto en escuelas como en “acuerdos colaborativos con las escuelas de Derecho para educar a futuros defensores y defensoras”.
Dalmau Ramírez buscará exigirles, a la Policía y el Instituto de Estadísticas, la información de manera sistemática sobre violencia de género y otorgar prioridad a los crímenes contra la comunidad LGBTTQIA+. A su vez, se propone la creación de una unidad de Servicios Psicosociales Forenses Comprensivos bajo el Instituto de Ciencias Forenses para desarrollar un modelo integral que aborde la violencia sexual desde perspectivas salubristas, académicas, sociológicas y penales.
La plataforma incluye aprobar legislación para garantizar un ingreso fijo de seis a 12 meses a mujeres sobrevivientes de violencia de género, enmendar el artículo 3.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, aumentando a tres los cursos sobre violencia doméstica, añadiendo una perspectiva LGBTTQIA+. También, se busca fortalecer los programas gubernamentales que atiendan necesidades apremiantes de las mujeres sobrevivientes y sus hijos con la creación de unidades municipales de servicios legales.
Jesús Manuel Ortiz González
Mientras, el candidato a la gobernación por el PPD implementará un programa compulsorio de rehabilitación para convictos de violencia doméstica, enfocado en “educar sobre las causas y tipos de abuso”. El programa incluirá seguimiento post-encarcelación para asegurar su efectividad.
Ortiz, además, impulsará la implementación de varias leyes de reciente creación para trabajar diferentes aspectos de la violencia doméstica y de género, como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica.
En dichos estatutos, se impulsa el reconocimiento de la violencia económica como violencia doméstica y la permisión a organizaciones sin fines de lucro para certificar intercesores legales para asistir a víctimas. Por último, Ortiz González propone que se expidan órdenes de protección de mayor duración en casos de reincidencia.
Javier Jiménez Pérez
El actual alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD) se enfocará en la creación de campañas educativas sobre los efectos nocivos de la pornografía en el desarrollo físico, social y emocional del ser humano y en la sociedad.
En su plataforma, Jiménez Pérez plantea evaluar los programas actuales de rehabilitación para agresores de violencia doméstica, así como “fortalecer” los centros de ayuda a víctimas de violación. La propuesta sugiere un programa estatal de prevención en contra de la violencia hacia las mujeres, atendiendo factores como: la salud mental, el desempleo y la adicción a sustancias.
El candidato aboga por un “sistema interagencial” de denuncias sobre trata humana y la creación de programas especializados de vivienda y empleo para los sobrevivientes.
