SAN JUAN (AP) — Los dos partidos que han dominado la política puertorriqueña durante décadas están perdiendo su influencia mientras enfrentan la competencia más férrea hasta la fecha de una generación más joven harta de la corrupción en la isla, los constantes cortes de energía y la mala gestión de los fondos públicos.
Por primera vez en las elecciones para la gobernación de la isla, un candidato de un tercer partido ocupa un poderoso segundo sitio en las encuestas antes de la votación en este territorio estadounidense programada para el martes, y algunos expertos dicen que hay posibilidades de que pueda ganar.
“Esta elección ya es histórica”, dijo el analista político y profesor universitario Jorge Schmidt Nieto. “Ya marca un antes y un después”.
Juan Dalmau se postula por la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, apenas fundado en 2019. Una encuesta internacional de Gaither realizada este mes muestra a Dalmau acercándose a Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista y actual comisionada residente por Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. González venció al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias de su partido en junio.
La encuesta de Gaither muestra a Dalmau con el 29% de apoyo frente al 31% de González, ya que él casi la alcanzó desde que una encuesta diferente en julio le mostró con sólo el 24% en comparación con el 43% de la congresista. En tercer lugar se ubicaba Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático, seguido por Javier Jiménez del Proyecto Dignidad, un partido conservador fundado en 2019.
Bajo presión
La política puertorriqueña gira en torno al estatus de la isla. Hasta 2016, el Partido Nuevo Progresista, que apoya la estadidad, y el Partido Popular Democrático, que respalda el status quo, se repartían al menos el 90% de todos los votos durante las elecciones generales, detalló Schmidt.
Pero ese año, el Congreso estadounidense creó una junta de control federal para supervisar las finanzas de Puerto Rico después que el gobierno anunciara que no podía pagar una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares. En 2017, Puerto Rico se declaró en la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos.
La deuda se acumuló a través de décadas de corrupción, mala gestión y solicitud excesiva de préstamos. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico aún lucha por reestructurar su deuda de más de 9.000 millones de dólares, la mayor de cualquier agencia gubernamental.
Los puertorriqueños han rechazado y resentido en gran medida la presencia de la junta, creada un año antes de que el huracán María azotara la isla con fuerza de categoría 4, arrasando la red eléctrica.
En 2020, Pierluisi ganó pero recibió apenas el 33% de los votos. Su oponente del Partido Popular Democrático obtuvo el 32%. Fue la primera vez que ninguno de los partidos alcanzó el 40% de los sufragios.
Los cortes de energía que han persistido desde las elecciones, junto con el ritmo lento de la reconstrucción después del paso del huracán, han frustrado y enfurecido a los votantes. Bajo Pierluisi, el gobierno firmó contratos con dos compañías, Luma Energy y Genera PR, que juntas supervisan la generación, transmisión y distribución de energía. Los cortes han persistido, y las compañías han culpado a una red que ya se estaba desmoronando antes de que el huracán golpeara debido a falta de mantenimiento e inversión.
“Han ocurrido cosas desastrosas durante este mandato de cuatro años, especialmente con la energía eléctrica”, dijo Schmidt. “Ha afectado a todos, independientemente de la clase social.”
Los votantes, dijo, están viendo las elecciones del martes “como un momento de venganza.”
Dalmau ha prometido expulsar a ambas compañías de manera “organizada” en seis meses si se convierte en gobernador. Ortiz dijo que cancelará el contrato de Luma, al tiempo que González ha pedido la creación de un “zar de la energía” que revise posibles incumplimientos contractuales de Luma mientras se encuentra a otro operador.
Sin embargo, ningún contrato puede ser cancelado sin la aprobación previa de la junta de control federal y el Negociado de Energía de Puerto Rico.
Los candidatos también están bajo presión para crear viviendas asequibles, reducir las facturas de energía y el costo general de la vida, disminuir los crímenes violentos, impulsar la economía de Puerto Rico —la isla está bloqueada en los mercados de capitales desde 2015—, y mejorar un sistema de salud ruinoso mientras miles de médicos emigran al territorio continental de Estados Unidos.
Dalmau —que suspendió su campaña durante dos semanas a mediados de octubre luego que su esposa se sometió a una cirugía cerebral de emergencia— también ha dicho que eliminará las exenciones fiscales para los estadounidenses adinerados que vienen del territorio continental de Estados Unidos.
Predomina la apatía
A pesar de sus promesas de cambiar Puerto Rico, los candidatos enfrentan una persistente apatía de los votantes.
En las elecciones de 2008 participaron 1,9 millones de un total de 2,5 millones de votantes registrados, en comparación con 1,3 millones de un total de 2,3 millones en 2020.
Este año, casi 99.000 nuevos votantes se registraron y más de 87.000 reactivaron su estatus, según la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.
“Se esperaba un número mucho mayor”, subrayó Schmidt.
Señaló que los de mediana edad y mayores favorecen a González y su partido proestadidad, mientras que los menores de 45 años “abrumadoramente” favorecen a Dalmau, lo que significa que si una mayoría de votantes jóvenes participan el martes y menos de los mayores lo hacen, él podría tener una oportunidad de ganar.
El factor Bad Bunny
Los meses previos a las elecciones del 5 de noviembre han sido conflictivos.
La superestrella del reguetón Bad Bunny pagó por docenas de anuncios en vallas publicitarias en los que criticaba a los dos principales partidos de Puerto Rico. En respuesta, el partido del gobernador, el Partido Nuevo Progresista, financió un anuncio en una valla publicitaria sugiriendo una obscenidad en referencia a Bad Bunny.
El viernes, el cantante publicó una carta de una página en un periódico local criticando al partido proestadidad de González.
Aunque el artista no ha respaldado a ningún funcionario local, la única persona que recientemente comenzó a seguir en Instagram fue a Dalmau.
El domingo se presentó brevemente en el cierre de la campaña de Dalmau. El silencio se apoderó de una multitud de decenas de miles de personas mientras Bad Bunny hablaba antes de cantar, diciendo que él no respalda a ningún candidato ni partido específicos.
“Mi partido es el pueblo… mi partido es Puerto Rico”, declaró, y posteriormente elogió la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana.
Mientras tanto, el jueves se instaló un llamado “cementerio de la corrupción” en la capital, San Juan, con grandes fotos en blanco y negro de casi una docena de políticos de los dos principales partidos de la isla que han sido acusados o condenados por las autoridades federales en los últimos años. Fue creado por Eva Prados —que se postula para la Cámara de Representantes de Puerto Rico— y el Movimiento Victoria Ciudadana al que ella pertenece. Para el viernes, la policía informó que las fotos fueron destruidas o robadas.
A medida que la contienda se intensifica, también ha aumentado el número de denuncias formales sobre presuntos delitos electorales. Estos incluyen a personas que dicen haber recibido confirmaciones para emitir su voto en forma adelantada cuando en realidad no hicieron tal solicitud.
Una pregunta persistente
A los votantes el martes también se les consultará por séptima vez cuál debería ser el estatus político de Puerto Rico.
El referéndum no vinculante ofrecerá tres opciones: estadidad, independencia e independencia con libre asociación, bajo la cual se negociarían cuestiones como las relaciones exteriores, la ciudadanía estadounidense y el uso del dólar.
Independientemente de cuál sea el resultado, un cambio de estatus requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos.
“Para mucha gente, es un ejercicio desmoralizador votar en un referéndum no vinculante”, dijo Christina Ponsa-Kraus, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia. “La razón por la que los puertorriqueños han votado siete veces es que cada vez que votan, el Congreso no hace nada”.
La presión por un cambio de estatus no depende de si Kamala Harris o Donald Trump ganan la presidencia en la parte continental de Estados Unidos.
“Lo que está en juego va más allá de quién se convierte en presidente, sino quién controla el Congreso”, explicó Ponsa-Kraus, al hacer un llamado al Congreso estadounidense para que le ofrezca a Puerto Rico “opciones no coloniales”.
Dijo también que es difícil decir si la candidatura a gobernador de Dalmau, quien ha representado durante mucho tiempo al Partido Independentista Puertorriqueño, afectará el voto del plebiscito.
“Mi sensación es que… la gente puede distinguir entre un candidato y una opción de estatus”, afirmó. “Creo que los puertorriqueños históricamente no han apoyado la independencia porque no quieren perder su ciudadanía ni la capacidad de moverse libremente entre la parte continental de Estados Unidos y la isla.”
