La estructura de los comicios en Puerto Rico se basa en la Constitución de 1952, documento que estableció los fundamentos para la organización electoral en la isla. Uno de los aspectos más significativos de la Constitución fue el acuerdo de celebrar elecciones generales cada cuatro años.
Esta decisión, tomada en la Asamblea Constituyente, surgió como una forma de fomentar la estabilidad democrática y asegurar que los puertorriqueños pudieran elegir a sus líderes de manera regular, sin extender los mandatos por periodos indefinidos.
En relación con la periodicidad de las elecciones, el profesor y analista político Jorge Schmidt Nieto señaló que el ciclo de cuatro años ya estaba establecido desde 1917 bajo la Ley Jones. Este marco continuó sin controversias significativas durante las discusiones en la Asamblea Constitucional. Según el profesor, “no creo que haya sido un tema de gran controversia el mantener eso así”, ya que era una práctica ya arraigada en la tradición política puertorriqueña.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo I, Sección 1, establece que “el poder político emana del pueblo y se ejercerá conforme a su voluntad”. Esto resalta el derecho al voto como un derecho fundamental e indispensable para la democracia.
Además, el Artículo VI, Sección 4 de la Constitución indica que “las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años”, estableciendo que deben llevarse a cabo en noviembre, según lo decida la Asamblea Legislativa. En estas elecciones se eligen al gobernador, a los miembros de la Asamblea Legislativa y a otros funcionarios.
Sin embargo, el estatus político de Puerto Rico plantea algunas implicaciones. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y pueden votar en primarias presidenciales, no tienen derecho a participar en las elecciones generales para presidente, debido a su condición de territorio no incorporado.
¿De dónde sale la Constitución?
Schmidt Nieto explicó que la Constitución de Puerto Rico fue redactada tras la aprobación de la Ley 600 en 1950, que autorizó al pueblo a crear su propio marco constitucional.
En un referéndum, el pueblo votó abrumadoramente a favor de redactar una Constitución. Este proceso culminó con la elección de una convención constituyente compuesta por 92 miembros, donde predominaba el Partido Popular Democrático. Schmidt Nieto destacó que esta asamblea incluyó a solo una mujer, María Libertad Gómez, quien desempeñó un papel crucial para la redacción de la Constitución.
Uno de los mayores retos a la implementación de la Constitución fue la revuelta nacionalista de 1950, que buscaba rechazar el proceso constitucional y evidenciar el descontento con la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Schmidt Nieto describió cómo los nacionalistas tomaron las armas para protestar contra lo que consideraban un engaño político. Este evento marcó un hito importante en la historia política de Puerto Rico y resaltó las tensiones sobre su estatus político.
Evolución de la percepción pública
A lo largo del tiempo, la percepción pública sobre la Constitución y su relación con el proceso electoral ha evolucionado. Schmidt Nieto mencionó que muchos ciudadanos han comenzado a cuestionar si el marco constitucional actual realmente refleja sus aspiraciones democráticas. La intervención del gobierno federal a través de leyes como PROMESA ha generado incertidumbre sobre la soberanía y autonomía del pueblo puertorriqueño.
Desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en 1952, la percepción pública sobre su relación con el proceso electoral estuvo marcada por decisiones judiciales contradictorias y ambigüedades en la interpretación de la soberanía de la isla. Según Schmidt Nieto, “no fue un pacto” lo que estableció el Estado Libre Asociado. Las decisiones de los tribunales federales y del Tribunal Supremo de Estados Unidos, especialmente entre 1952 y 2016, generaron confusión sobre la naturaleza de la relación de Puerto Rico con el gobierno federal.
“Antes de 2016, tanto el Tribunal Federal en Puerto Rico como el de Apelaciones en Boston emitían decisiones contradictorias; en algunas ocasiones, afirmaban que Puerto Rico tenía un pacto con limitaciones en la aplicación de leyes federales, mientras que en otras sostenían que el gobierno federal tenía autoridad suprema sobre cualquier decisión local”, explicó Schmidt Nieto. Esta ambigüedad dejó a muchos cuestionando el verdadero significado de su estatus político.
La situación cambió tras el caso de Sánchez del Valle en 2016, donde se estableció de manera clara que el Estado Libre Asociado no es un pacto, sino una concesión del Congreso a Puerto Rico, lo que permite al gobierno federal actuar con autoridad en la isla. “La mayoría de los jueces en ese tribunal afirmaron contundentemente que esto no era un pacto, lo que sentó un precedente que se materializó con la aprobación de la Ley PROMESA”, añadió el analista.
“El camino que ha tomado la interpretación de la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal refleja cómo siempre han actuado como un mismo gobierno, aunque se perciban como separados”, explicó el profesor.
