¿Se puede cancelar el contrato de LUMA?
La posibilidad de cancelar el contrato con LUMA Energy, la empresa responsable de la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, ha generado divisiones entre expertos legales. El exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía y el licenciado Rolando Emanuelli ofrecieron puntos de vista diferentes sobre la viabilidad y las implicaciones de esta acción, subrayando tanto los riesgos como las posibilidades.
El licenciado Sagardía destacó las complejidades y riesgos que conlleva la cancelación del contrato con LUMA Energy. En declaraciones a Metro Puerto Rico, Sagardía explicó que los contratos suelen contener cláusulas específicas sobre cómo deben ser cancelados, y el no seguir estos procedimientos puede resultar en demandas y costos adicionales significativos.
“Los contratos muchas veces contienen unas cláusulas de cómo tú tienes que cancelarlo. Y si en la cancelación incumples el mismo contrato, te expones a una demanda por daños,” señaló Sagardía, subrayando la importancia de adherirse a los términos establecidos en el acuerdo con LUMA.
Según el extitular de Justicia, para cancelar un contrato correctamente, se deben cumplir ciertos procedimientos como notificaciones y métricas específicas. En caso de desacuerdo, puede ser necesario recurrir a mecanismos de resolución de disputas como el arbitraje. “Si el contrato se cancela de una manera tajante, te expones a daños contractuales que son penalidades altas,” agregó.
El contexto de la cancelación del contrato con LUMA va más allá de lo legal. Sagardía destacó que existen implicaciones políticas y económicas significativas, incluyendo el impacto en los fondos de reestructuración federal destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. “Para cancelar un contrato, tienes que notificar conforme a lo que estipula el contrato. Esto es especialmente crucial en contratos millonarios como el de LUMA,” puntualizó.
Además, Sagardía sugirió que, en lugar de cancelar el contrato, una opción viable podría ser enmendarlo para ajustarlo de manera que sea aceptable para ambas partes. “A lo mejor es más fácil hacer una enmienda de contrato, llamar a la otra parte y hacer una enmienda de buena fe,” dijo.
El licenciado también cuestionó la estructura actual del monopolio privado que tiene LUMA sobre la red eléctrica de la isla. “Creo que esto se debió haber dado a tres o cuatro compañías, no una sola. En Florida, por ejemplo, tienes varias compañías y puedes decidir,” comentó Sagardía, señalando que un enfoque con múltiples empresas podría haber sido más beneficioso.
Finalmente, Sagardía enfatizó que cualquier intento de cancelar el contrato con LUMA debe realizarse con un plan claro y siguiendo las condiciones establecidas para evitar incurrir en altos costos económicos. “El contrato te obliga a hacerlo conforme a sus términos, porque el peso de la prueba es tuyo,” concluyó.
Por otro lado, el licenciado Rolando Emanuelli confirmó que cancelar el contrato con LUMA Energy es “viable y factible”, aunque el proceso requiera planificación y voluntad política. En entrevista con Metro Puerto Rico, Emanuelli detalló los procedimientos y las alternativas disponibles para la gestión futura del sistema eléctrico de la isla.
Emanuelli explicó que el contrato entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incluye cláusulas específicas para la transición de operaciones tanto al inicio como al final del contrato. “El contrato tiene un proceso de devolución cuando LUMA termine las operaciones, ya sea por cualquier circunstancia. Este proceso de transición está claramente delineado en el acuerdo,” señaló. El abogado citó ejemplos anteriores en los que la privatización fue revertida exitosamente, como en los casos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “En el pasado, hemos tenido experiencias donde se retiró a los privatizadores sin mayores complicaciones,” afirmó Emanuelli.
Contrario a las preocupaciones expresadas por algunos críticos, Emanuelli sostuvo que la cancelación del contrato con LUMA no es ni imposible ni excesivamente costosa. “En términos prácticos y operacionales, tomaría alrededor de un año como mucho. No es algo imposible,” aseguró. Emanuelli abordó la cuestión de las cláusulas contractuales que podrían complicar la cancelación. Aclaró que, si LUMA incumple materialmente las obligaciones del contrato, no se generarían penalidades adicionales. “El incumplimiento material no genera ningún tipo de penalidad,” explicó, añadiendo que durante el periodo de transición solo se debería pagar el service fee correspondiente.
Para llevar a cabo la cancelación del contrato, Emanuelli subrayó la necesidad de una fuerte voluntad política. “El proceso requiere voluntad política. El nuevo gobierno debe tener la determinación de iniciar el trámite y nombrar a una persona encargada de gestionar la transición,” indicó. Este proceso incluiría notificaciones formales y discusiones para resolver el contrato.
El abogado propuso varias alternativas para la gestión futura del sistema eléctrico en Puerto Rico: buscar otro operador privado, reformar la AEE despolitizando y profesionalizando la junta de gobierno, o crear una nueva entidad eléctrica profesional, despolitizada y democrática. Independientemente del camino elegido, Emanuelli enfatizó la importancia de aprender de los errores del pasado y crear una estructura que asegure un servicio eléctrico confiable y económico para Puerto Rico.
La semana pasada, en entrevista con Metro al Mediodía, la ingeniera Ingrid Vila planteó que es posible rescindir del contrato de LUMA y recordó el proceso de transición que se llevó en Puerto Rico cuando se desistió de la privatización en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
