El Departamento de Justicia presentó cargos a través de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid contra Olguely Rosario Pérez de 49 años quien ha sido imputada de cometer un esquema de fraude y explotación financiera contra cinco adultos mayores mientras se desempeñaba como trabajadora social en un centro geriátrico administrado por el municipio de Manatí.
La fiscal Kristia Díaz Pérez formuló 36 cargos que incluyen fraude, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, explotación financiera a personas de edad avanzada y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Conforme a la investigación, la imputada logró apropiarse mediante el esquema ilegal de sobre $28,000 pertenecientes a cinco adultos mayores. Desde el 2019 hasta el 2023, mientras Rosario Pérez fungía como trabajadora social del Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas, utilizaba las tarjetas de débito de las cuentas personales de los perjudicados para realizar compras no autorizadas y retiros de dinero en efectivo de instituciones bancarias y cooperativas.
Además, se apropió de los fondos que recibían los adultos mayores como beneficios provenientes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF). El proceso investigativo estuvo a liderado por la agente del Departamento de Justicia, Rosalía Berenguer Zurita, adscrita a la MFCU, en colaboración con el agente Carlos M. Villalobos, adscrito a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía.
El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó a la imputada una fianza global de $279,000. La defensa de Rosario Pérez se allanó a la determinación del Tribunal. La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de julio.
“La explotación financiera de las personas de edad avanzada es un delito procesado por el Departamento de Justicia con vehemencia y rigor, conforme a nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de esta población. Como ciudadanos, todos debemos estar alertas para detectar y defender a los adultos mayores de personas inescrupulosas que se aprovechan de su vulnerabilidad para lucrarse, enriquecerse y perseguir sus intereses personales”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
“Destaco y reconozco la labor excelente de los fiscales y agentes de MFCU, así como del Negociado de la Policía, a cargo del caso”, añadió el titular de Justicia.
La PR-MFCU dirigida por el fiscal Luis Freire Borges, está a cargo de investigar querellas sobre alegaciones de maltrato, negligencia y apropiación ilegal contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo el plan de salud del Programa de Medicaid. Igualmente, atiende referidos para investigar las violaciones a las leyes estatales relacionadas al fraude en la administración del Programa de Medicaid en Puerto Rico.
La PR-MFCU recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal 2023-2024. El restante 25%, que totaliza $326,693.79, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
