El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez, integrante del Comité de Transición de Jenniffer Aidyn González Colón dijo el jueves que le preocupa la gran cantidad de contratistas que hay tanto en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) y el Departamento de la Vivienda para el manejo de los fondos de reconstrucción.
“Hace dos años yo tuve una reunión con la subsecretaria de vivienda federal sobre la lentitud de los proyectos de vivienda y me resaltó el hecho de que (el Departamento de) Vivienda estaba en el hueso, que no tenía gente. En ese sentido, pues hay que reconocer que el departamento ha hecho un esfuerzo donde casi ha duplicado el personal, pero interesante y simultáneamente, uno esperaría que el gasto en consultores fuera bajando y ese gasto se ha mantenido bastante estable”, dijo Zaragoza Gómez en conferencia de prensa.
“Y más allá de la parte financiera, nos preocupa, porque uno está en la calle y algunos de estos consultores funcionan como operadores. Cuando digo operador es con toda la intención de hacer una similitud con Genera y con LUMA. Cuando digo operadores es esta entidad externa que se pone en los zapatos de la agencia de gobierno, o sea que no necesariamente son consultores, son entidades que están haciendo funciones que debería estar haciendo (empleados del Departamento de) Vivienda, que interactúan con los municipios, que interactúan con los individuos y eso es muy peligroso, eso afecta al ambiente laboral, eso atrasa la transferencia de conocimiento, eso lo que hace es perpetuar la presencia de estas entidades, porque obviamente estas entidades no tienen, un ‘exit strategy’. La actitud de ellos no es entrenar a la gente para ellos salirse, es para perpetuarse”, añadió.
De otra parte, el licenciado César Alvarado Torres resaltó los miles de millones de dólares (más de mil millones en el COR3 y 448 millones en Vivienda) que estos contratistas han facturado desde el 2017 al 2024 en las al menos ocho empresas contratadas por estas agencias.
“A mí lo que me llama la atención en el señalamiento que hago es que de los documentos surge que hay dos empresas que repiten tanto en COR3 como en Vivienda entre las ocho empresas que están participando. Y de ellas hay dos que son IEM International en vivienda con $101 millones y ICA Incorporated LLC con $51.5 millones. O sea, la información no es un estimado, la información es una información que surge de los propios documentos que tenemos durante el proceso de descubrimiento. Repito, no nos debe escandalizar el tema de que haya contratación. El Estado tiene la obligación de dar unos servicios y si no tiene el peritaje, tiene que contratar, porque tampoco se va a quedar con las manos atadas esperando que la cosa ocurra”, expresó.
Otro de los puntos que llamaron la atención fueron los costos que maneja la Administración de Vivienda Pública (AVP) para la construcción de vivienda de interés social. Blanca Fernández, administradora de Vivienda Pública mencionó que han pagado entre 300 mil a 600 mil dólares.
“Esos números no dejan de resaltar y de ofender. Uno reconoce la inflación, pero también les comento, uno que está en la calle, uno sabe que, por ejemplo, una empresa que se dedica a construir gabinetes, que le vende para estos proyectos, antes de llegar a esa fábrica hay cuatro personas que están guisando y pasan en las puertas y ventanas y pasa en la infraestructura eléctrica y el área de tubería. Y eso lo que demuestra que aquí hay una falta de fiscalización, lo cual ha permitido una inflación excesiva en los costos, porque no deja de ofender a uno, que ustedes las ven por ahí, en el caso de las unidades unifamiliares, que son un cajoncito que tenga un costo de medio millón de dólares y de nuevo, eso lo que resalta es que aquí como los chavos no son de nosotros, son fondos federales y hay unos créditos contributivos también federales, pues hay una laxitud en cuanto a los costos de construir estas unidades”, mencionó Zaragoza Gómez.
