Del CPI
Mientras ocho empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) podrían ser despedidos por su presunta negligencia en la supervisión del feminicida Hermes Ávila Vázquez, erróneamente excarcelado por una alegada condición de salud que resultó ser falsa, la empresa Physician Correctional, que recomendó su liberación, mantiene su contrato con la agencia, y una de sus filiales recibió casi $6.8 millones del gobierno de Puerto Rico luego de que trascendiera el manejo deficiente que dio al caso del confinado.
La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, reiteró, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que no cancelará el contrato con Physician Correctional, que está registrada corporativamente como Physician HMO Inc. La titular de la agencia ha argumentado que “este tipo de servicio no es de fácil contratación y no existe una multiplicidad de empresas locales que puedan ofrecerlos”.
“Yo no me voy a limitar aquí a única y exclusivamente cancelar un contrato de servicios de salud, que es esencial y básico para la población correccional, por una situación tristemente ocurrida, lamentablemente ocurrida con unas repercusiones que todavía al día de hoy se siguen discutiendo”, dijo Escobar Pabón.
La “situación tristemente ocurrida” a la que se refiere Escobar Pabón fue el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, en Manatí el 21 de abril de 2024, a manos de Ávila Vázquez mientras estaba de pase extendido bajo la Ley 25 de 1992, que concede libertad a confinados enfermos en etapa terminal. Por este feminicidio, a Ávila Vázquez se le revocó el pase extendido, y luego hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado, en agosto, a 102 años en prisión.
“Hasta este momento, yo no tengo señalamientos mayores [contra Physician] que no sean señalamientos que se circunscriben a aspectos administrativos, en términos de manejo de documentos en los expedientes”, añadió la secretaria, a pesar de que el diagnóstico que provocó la excarcelación de Ávila Vázquez fue una determinación médica y no un mero trámite administrativo de la compañía.
Escobar Pabón recalcó el lunes, en la vista de los comités de transición, que no cancelará el contrato con Physician Correctional, y aseguró que tomará acciones con los empleados involucrados en el manejo del caso de Ávila Vázquez.
En una conferencia de prensa el martes, tras la vista de transición del Departamento de Justicia, el presidente del comité entrante, Ramón Luis Rivera, opinó que “el gobierno erró” en el caso de Ávila Vázquez. Justicia realizó una investigación sobre la excarcelación del feminicida y concluyó que no se incurrieron en actos delictivos.
“Este caso, desde mi perspectiva y esta es mi opinión, se le ha hecho muy difícil al gobierno tomar una determinación. La impresión que da es que, en el camino luego de la investigación, se dieron cuenta de que cometieron errores desde el día uno hasta el día que lo sacaron a la calle, que hay una cadena de errores, incluyendo a la compañía médica que atiende a estos casos”, dijo Rivera.
“Mi opinión es que todos fallaron y que hay que evaluarlo todo. Si eso incluye evaluar el desempeño de esa compañía (Physician), pues claro que sí”, añadió.
Physician Correctional estableció, en declaraciones escritas, sentirse “complacidos” con los resultados de la investigación de Justicia porque “no se encontró que los médicos que evaluaron al Sr. Hermes Ávila Vázquez hayan incurrido en conducta constitutiva de delito”. La agencia refirió a los médicos del panel que recomendó la excarcelación del feminicida ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico.
“En cuanto al referido efectuado a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM), estamos convencidos de que nuestros médicos saldrán igualmente exonerados, toda vez que no hubo incumplimiento alguno con los estándares médicos, cánones de la profesión o las mejores prácticas de la medicina”, comunicó la empresa.
Escobar Pabón había dicho que cancelaría el contrato si se encontraba que Physician Correctional había incumplido con lo que dispone el acuerdo. Una auditoría realizada por la empresa UTICORP encontró, precisamente, que existen cláusulas del contrato en las que hubo “incumplimiento” por parte de Physician Correctional, particularmente en aquellas relacionadas con los requisitos de expedientes médicos y sistemas de información.
Entre los hallazgos de UTICORP, la empresa subrayó que “llama poderosamente la atención” que el contrato entre el DCR y Physician Correctional no fija metas concretas, medibles y comparables para evaluar el desempeño del contratista, según un informe de hallazgos y recomendaciones obtenido por el CPI mediante una demanda contra la agencia. UTICORP encontró, además, que los informes de Physician Correctional no proveen “información esencial” sobre el estado de salud y la prestación de servicios a los confinados.
La empresa auditora, en una comunicación de agosto dirigida a Escobar Pabón, concluyó, tras una revisión de expedientes médicos, que Physician Correctional “se encuentra en incumplimiento sustancial y material con los estándares establecidos de salud carcelaria, las diversas órdenes del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso prescriptivo de Morales Feliciano, y el contrato existente desde 2018 entre el DCR y Physician”.
El contrato vigente, por casi $73.8 millones, fue otorgado el 28 de septiembre de 2023 y vence en septiembre de 2028, es decir, hasta las postrimerías de la administración del gobierno entrante.
Al mismo tiempo, el Departamento de Salud (DS) contrató el pasado 1 de julio, por $6,154,161, a Physician H.M.O. Inc., una filial de Physician Correctional, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) le otorgó dos contratos que totalizan casi $620,000.
Uno de los contratos del DS con Physician es para la contratación de personal para servicios de enfermeras, auxiliares médicos, técnicos quirúrgicos y de rayos X en la sala de cirugía y el centro de imágenes del Hospital Pediátrico Universitario.
En lugar de hacer una contratación directa de los servicios de enfermería y de técnicos, el DS pagará las tarifas de salario por hora establecido por Physician y, además, le pagará un 15% de tarifa administrativa. El pago por hora por el servicio de enfermería es entre $31.40 a $74.75, pero el contrato no indica si la tarifa pasa completamente al enfermero o enfermera o si Physician retiene una parte adicional a la comisión por servicios administrativos.
El acuerdo con ASSMCA es para proveer servicios de profesionales de la salud para la Unidad de Desintoxicación de Alcohol, que incluyen un médico para los turnos de guardias. De igual manera, ASSMCA tampoco contrata directamente a los médicos que darán el servicio, sino que decidió que fuera Physician quien le provea esos médicos con una tarifa de $95 la hora y cobrará además un 10% por los gastos administrativos.
Los propietarios de Physician Correctional, los hermanos médicos Raúl y Javier Villalobos Díaz, han donado en conjunto más de $41,000 a candidatos del Partido Nuevo Progresista entre 2016 y 2024, según datos de la Oficina del Contralor Electoral. Los políticos que han recibido donaciones de los hermanos incluyen al gobernador Pedro Pierluisi y a los representantes Jorge Navarro Suárez y José “Memo” González Mercado, quien antes de ser legislador trabajó en el DCR. Los hermanos también realizaron donaciones a los legisladores recién reelectos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, quienes en el próximo cuatrienio presidirán nuevamente la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente.
La soga parte por lo más fino
Mientras Physician aumenta su contratación gubernamental, Julissa Beauchamp Ríos y Jimmy de Jesús Colón, los técnicos de servicios sociopenales que estuvieron a cargo de la supervisión de Ávila Vázquez, corren el riesgo de perder sus empleos. Aunque no fueron ellos quienes autorizaron su excarcelación, tenían que supervisar el cumplimiento con los requisitos del pase extendido que le concedió el DCR tras el aval médico de Physician.
Contra estos empleados se presentaron cargos laborales por presuntamente violentar leyes y reglamentos de la agencia. El DCR cuestionó que los empleados que estuvieron a cargo de la supervisión no se percataran de las actividades que Ávila Vázquez llevaba a cabo en la libre comunidad, como beber licor en barras y conducir. Ávila Vázquez supuestamente sufría de paraplejia.
Según fuentes del CPI con conocimiento sobre el asunto, Ávila Vázquez se presentó en silla de ruedas durante sus citas en la Oficina de la Comunidad y así también recibió a los técnicos en la residencia en la que vivía.
Una de las razones para la posible destitución de los empleados es que no coordinaron visitas dos veces al mes con el convicto como establece uno de los reglamentos que rigen la excarcelación de personas confinadas por condiciones terminales de salud. Los técnicos sociopenales sostienen que nunca recibieron instrucciones del DCR de visitar al confinado dos veces al mes ni se les entrenó sobre el Reglamento 7818, que disponía esa normativa.
El reglamento, aprobado en 2010, ordena que se realicen visitas a los pacientes egresados al menos cada 15 días. Además del 7818, el Reglamento 9242, aprobado en 2020, también contiene disposiciones sobre la Ley 25. En 2023, el DCR aprobó otro reglamento que también incide sobre los pases extendidos por condiciones de salud. Los técnicos sociopenales, sin embargo, nunca recibieron adiestramiento sobre los reglamentos ni instrucciones específicas sobre el manejo de estos casos, según alegan los trabajadores por medio de su sindicato.
El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez, afirmó que, antes de la celebración de vistas públicas en el Senado en torno al funcionamiento de la Ley 25, los técnicos sociopenales a cargo de la supervisión de Ávila Vázquez no recibieron instrucciones escritas de visitar al confinado dos veces al mes.
“Luego de esas vistas es que entonces les dan las instrucciones por escrito de la visita dos veces por mes a cada recluso que tienen en la libre comunidad”, dijo Méndez, cuya unión representa a aproximadamente 500 empleados civiles en el DCR.
Según una fuente del CPI, al día de hoy, más de seis meses tras el arresto de Ávila Vázquez, los técnicos sociopenales aún no han recibido capacitaciones sobre la Ley 25 ni los reglamentos que rigen el estatuto.
Otros empleados también enfrentan posibles despidos por el manejo del caso de Ávila Vázquez. Una de las funcionarias es Celia Cosme Márquez, exdirectora de los Programas de Desvío de la agencia, y quien por designación de la Oficina de la Secretaria de Corrección tenía la función de evaluar y autorizar las salidas bajo la Ley 25-1992. También pudieran ser sancionados: Mario Vargas Robles, técnico de servicios sociopenales principal del programa de comunidad en Arecibo; Efraín Afanador Vázquez, director del programa de comunidad en Arecibo, y Marilyn Betancourt Cruz, técnico sociopenal y supervisora de De Jesús Colón, según la investigación del Departamento de Justicia sobre el caso de Ávila Vázquez. El informe de Justicia no menciona a los dos empleados restantes que recibieron cartas de intención de destitución.
“Los empleados tienen la obligación de revisar todas las publicaciones que se hacen con relación a todos los cambios, instrucciones, normativas, regulaciones, memorandos, manuales. Todo lo que tú puedas llamar como una instrucción de manera escrita, todas se pasan a través del sistema de correo electrónico que tiene la agencia”, dijo Escobar Pabón.
En septiembre, Escobar Pabón afirmó en una vista pública ante la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que los empleados solicitaron vistas informales en las que “tendrán la oportunidad de, ante un oficial examinador, exponer las razones por las que entienden no deben ser separados de sus puestos”.
Las vistas administrativas culminaron el pasado 27 de septiembre, y la oficial examinadora a cargo del caso de los ocho empleados concluyó en noviembre su investigación, confirmó el DCR. Luego de este proceso, según la agencia, los expedientes pasarán a la Oficina de Disciplina del DCR y, después, la Oficina de División Legal los refiere a la Secretaria para la determinación final.
“Estoy revisando expediente por expediente, leyendo cada una de la información que contiene la recopilación de datos que se hizo tanto de la investigación como de la vista celebrada por el oficial examinador, y estoy revisando los mismos para determinar si concurro con la recomendación del oficial examinador o si voy a hacer una determinación distinta a la recomendación del oficial examinador”, dijo la Secretaria.
Los empleados, explicó Escobar Pabón, se exponen a medidas administrativas que incluyen el despido, la suspensión de empleo y sueldo o una amonestación, pero no descartó que la sanción pudiera ser archivada si no se puede demostrar alguna violación al reglamento.
En tanto, la división legal de la agencia culminó en septiembre una evaluación de las cláusulas del contrato entre la entidad gubernamental y Physician Correctional. Según el DCR, el análisis concluyó que no existen “cláusulas específicas que detallen cómo se van a trabajar los casos que refieran para evaluación médica bajo la Ley Núm. 25 de 1992″. Sin embargo, otras áreas del contrato “establecen principios generales de cómo se debe cumplir con las leyes y regulaciones tanto estatales como federales, presentes y futuras”. Por lo tanto, aunque no existe una cláusula específica sobre la Ley 25, el contratista debe cumplir con todas las regulaciones que atañen a la agencia.
“Según la información recopilada y suplida por la compañía UTICORP, hemos visto deficiencia en algunas de las cláusulas del contrato”, dijo el DCR en declaraciones escritas.
Escobar Pabón indicó que la agencia se encontraba en el proceso de finalizar un plan de acción correctiva para Physician Correctional y que en las próximas semanas se le notificaría oficialmente a la empresa sobre el mismo. El pasado marzo, UTICORP recomendó que se estableciera un plan de acción correctiva “lo antes posible”.
La investigación del Departamento de Justicia sobre la excarcelación de Ávila Vázquez concluyó que le corresponde a Escobar Pabón, quien dijo, al momento de la entrevista, que no había recibido el informe de la pesquisa, tomar las medidas disciplinarias que correspondan contra los empleados involucrados en el manejo del caso del feminicida.
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia encontró que los empleados del DCR que intervinieron en el proceso de excarcelación del feminicida “omitieron las funciones inherentes a su cargo”. El informe señaló específicamente a Cosme Márquez y Beauchamp Ríos, como “negligentes por omisión en el cumplimiento de sus funciones” a nivel administrativo, pero que no incurrieron en actos delictivos.
“La dejadez manifiesta en la ejecución de los deberes de los funcionarios del DCR involucrados en los actos investigados (…), aunque reprochable, no son suficientes para un procesamiento criminal por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber codificado en el artículo 263 del Código Penal”, reza el informe de más de 200 páginas.
A raíz de las conclusiones de la investigación de las fiscales Elba Acevedo Pérez y Lucille Marqués Pacheco, Justicia refirió en octubre a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico al panel médico de Physician Correctional que recomendó la excarcelación del feminicida.
“Las fiscales de la DIPAC determinaron que los funcionarios del DCR y los médicos de Physician Correctional no incurrieron en los delitos de fraude, incumplimiento del deber o negligencia en el cumplimento del deber, según definidos en los artículos 202, 262 y 263 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente”, lee el comunicado de prensa de Justicia, por lo que no se presentarán cargos criminales contra ninguno.
El CPI reveló en septiembre que Physician Correctional enfrenta decenas de demandas de confinados por negar servicios médicos. Los documentos legales describen un programa de salud correccional en el que se ignoran sus solicitudes de servicio y no se les brindan medicamentos.
Una investigación interna del DCR, a la cual tuvo acceso el CPI, detalló varios errores en el manejo del caso de Ávila Vázquez, incluyendo “una pobre supervisión” y la concesión de “permisos de libertad de movimiento en comunidad”.
“Los empleados antes mencionados son empleados con suficiente experiencia en la labor que realizan en el DCR y, por tanto, conocían o tenían el deber de conocer y ejecutar la reglamentación que gobierna sus labores y la importancia de llevarlas a cabo correctamente”, reza la investigación.
La pesquisa, sin embargo, también recomendó que el DCR reevalúe la continuidad del contrato con Physician Correctional aunque concluyó que la compañía “fue negligente en su proceder”.
“Como mínimo, las disposiciones y cláusulas de este contrato deben ser verificadas, de manera que exista mayor rigurosidad en procesos de auditorías constantes para que el DCR pueda asegurarse que Physician Correccional cumple con las leyes y reglamentos aplicables, con las disposiciones de su contrato, y con ofrecer un servicio de calidad a la población penal”, dice el informe de Corrección.
Según datos de la unión, hay aproximadamente 130 técnicos de servicios sociopenales a cargo de la supervisión de más de 5,000 participantes de distintos programas comunitarios de Corrección.
El Presidente de la UGT denunció que la agencia no cuenta con el personal suficiente para realizar las dos visitas mensuales que establecen los reglamentos.”Es imposible que un técnico sociopenal con más de 30 casos en un mes pueda visitarlos dos veces. Lo que necesita el Departamento de Corrección es contratar más empleados, más técnicos sociopenales para entonces poder atender el asunto. Ahí la negligencia no es el empleado, la negligencia es de la agencia al no tener personal suficiente para poder hacer el trabajo como corresponde”, afirmó el líder sindical en una entrevista telefónica.
