La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Roxanna Rosario Serrano, reconoció en la vista de transición de los componentes de salud que la corporación pública no ha hecho una auditoría interna desde 2017.
Rosario Serrano atribuyó la falta de fiscalización interna a la Ley 15 de 2017, que transfiere el equipo y personal de auditorías internas existentes a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).
“La ASES se quedó sin auditores bajo Ley 15. Un fiscalizador que tiene 76 % de fondos federales en un presupuesto de 5 billones (mil millones) de dólares anuales no debe operar sin auditores. Necesitamos auditores”, proclamó la directora ejecutiva.
Aunque hay un Área de Cumplimiento dentro de ASES que ha realizado fiscalizaciones y monitoreos, la funcionaria sugirió enmendar la ley u otorgar una exención que flexibilice, o permita, contratar personal que fomente la fiscalización.
“Aunque tenemos departamento de cumplimiento, en lugar de contratar servicios outsource (subcontratación), que puede ser un gasto mayor y crea dependencia a la agencia, nuestra recomendación es que se revisite algún tipo de exención, enmienda o relevo para ASES donde podamos descargar a mayor capacidad nuestras funciones fiscalizadores teniendo este personal que antes se tenía”, expuso.
Durante la vista, la inspectora general Ivelisse Torres Rivera envió declaraciones escritas al comité de transición que desmienten las declaraciones de Rosario Serrano.
“Ningún auditor de ASES fue transferido a la Oficina del Inspector General en cumplimiento de la Ley 15-2017. […] Además, al momento de la transferencia, no existían auditores en la estructura de ASES que estuvieran desempeñando funciones relacionadas con auditoría interna, lo que contradice la afirmación expuesta por la directora de dicha entidad, de que quedó desprovista de recursos en esta área. Los puestos de auditor interno se encontraban vacantes, al momento de la aplicación de la transferencia de las funciones de auditoría interna a la OIG”, reza la aclaración de la inspectora, que fue leída por el exrepresentante Jorge Colberg, miembro del comité de transición entrante.
Torres Rivera, además, señaló que en las auditorías de la OIG a ASES identificaron pérdida de casi $440 millones en fondos federales debido a demoras en las solicitudes de reembolso al Programa Medicaid, cuyo hallazgo también fue refutado por la directora ejecutiva de ASES; deficiencias en controles internos; y falta de supervisión efectiva, lo que catalogó como “serios problemas administrativos” en la corporación pública.
Rosario Serrano, de inmediato, reaccionó que las demoras no implican pérdida y que los hallazgos han sido atendidos. “La OIG tiene evidencia donde acatamos, corregimos y certificamos que atendimos eso. El tema de que ha habido en el pasado unas deficiencias en la agencia no es tema de hoy. Hoy, esta regla está corregida y se ha atendido diligentemente”.
En conferencia de prensa posterior, la directora ejecutiva de ASES reiteró que los señalamientos vertidos por la inspectora general corresponden a “procesos de administraciones y directores ejecutivos anteriores” y que ASES realiza auditorías y procesos de monitoreo con los que han podido emitir sanciones o cartas de intención de multas. Pero idealmente podrían disminuir costos “Idealmente, en lugar de subcontratar este tipo de servicios, la situación más apropiada es poder disminuir los costos”.
“La agencia estará emitiendo respuesta formalmente al comité de transición sobre este comunicado [de OIG]”, concluyó Rosario Serrano.
