Ante el decimitoercero feminicidio íntimo en lo que va de año, expertas en temas de equidad de género reafirmaron el llamado de establecer la educación de perspectiva de género para combatir la desiguladad que viven las mujeres en la isla.
El último incidente se trata de Stephanie Santiago Laureano, de 25 años, quien fue asesinada a golpes con un marrón en su residencia, presuntamente por su pareja, Ángel Santiago Cruz, de 31 años. Según los datos del Observatorio de Edquidad de Género (OEG), en lo que va de año, se han registrado un total de 32 casos de feminicidios, lo que representa un aumento cuando se compara con el mismo periodo en el 2023.
La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, activista y exdirectora de Proyecto Matria, insistió en que se debe “persistir e insistir en la idea de una educación para la equidad”.
En una entrevista con Metro Puerto Rico, la experta en temas de violencia de género expresó que, independientemente del nombre que se le atribuya a este tipo de enseñanza, se debe atender la situación de “desigualdad que viven las mujeres”.
“Esa educación para la equidad tiene que darse no solamente en el sistema de educación pública, tendría que darse a todos los niveles por que las personas adultas también pueden empezar y también pueden tener cambios de conducta. Eso se llama prevención primaria”, estableció Pagán Jiménez..
Asimismo, agregó que el gobierno debe invertir en medidas para la prevención, equidad y desarrollo de mujeres, desde prevención primaria hasta la secundaria, que da cuando hay una estructura de agencias de gobierno y organizaciones están listas para identificar banderas de alerta y actuar.
“Tendríamos que tener también un sistema de justicia que reconozca el pensamiento machista que hay a su interior y también en el manejo de los casos. Esas personas agresoras que muchas veces salen de la cárcel o pasan por programas de desvío como si no hubieran pasado por ningún lado, viven esa experiencia porque en el sistema no hay un convencimiento de que tiene que haber un cambio en la manera de actuar y en el pensamiento de las personas agresoras”, puntualizó.
La licenciada reiteró en el constante cuestionaiento sobre la eficiencia de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (PRRPA) o Desvío, luego que agresores que formaron parte del programa, reincidieron y acabaron con la vida de múltiples víctimas.
Como son los siguientes casos de feminicidios: Andrea Ruiz Costas, Linnette Morales Vázquez —junto a su hermano, Luis Miguel Morales y su madre, Lizzette Vázquez Vélez—, Jackeline Santiago Rodríguez. En estos incidentes, los victimarios formaron parte de los programas de Desvío.
“Ves que es un tema discusión en las pasadas semanas y meses el fracaso de los programas de desvío, no solamente por el feminicidio que fue tan notorio, sino porque es algo que se ha estado señalando desde las organizaciones. No hay evidencia de que esos programas de alguna manera reformen a las personas agresoras”, aseveró, tras mencionar el escándalo sobre Hérmes Ávila Vázquez, quien logró engañar al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Ávila Vázquez fingió ser parapléjico para lograr salir de un asentencia de 122 años por un asesinato previo en el 2005; una vez logrado su cometido, asesinó a otra mujer,
Ivette Joan Meléndez Vega.
Por su parte, la exprocuradora interina de la mujer, la Lcda. Carmen Lebrón, manifestó que este no es una problemática que le corresponde únicamente al gobierno.
“Este es un problema no solo del gobierno, sino de todos y todas las que estamos familiares, los que trabajamos en esto, todos tenemos gran responsabilidad en llevar el mensaje y ayudar a todas las mujeres para que busquen ayuda, para que se acerquen a buscar los servicios, servicios en organizaciones sin fines de lucro”, indicó.
También, argumentó que se debe analizar la legislación de armas.
“Estas armas son la mayoría legales, que por eso es que se habla de restringir la legislación porque la mayoría de las muertes que se hacen con armas de fuego son armas legales, no ilegales”, informó.
La Lcda. Pagán Jiménez agregró que existe un problema de machismo estructural dentro de la Policía.
“Desde el año 2011, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal hizo un informe sobre la policía de Puerto Rico y señaló específicamente que había un problema de machismo estructural dentro de la policía de Puerto Rico y que eso hacía que manejaran mal los casos de violencia doméstica y que no estuvieran recogiendo estadísticas de agresión sexual de manera adecuada […] Así que tenemos un cuerpo policíaco que estructuralmente es machista y donde los agentes del orden público —que se supone que intervengan en los casos— piensan como los agresores, lo que explica, además, por qué también son agresores y son feminicidas y esos casos se quedan sin investigar cuando se refieren o alguna mujer saca el valor para ir a denunciar un policía que es un agresor de violencia doméstica”, aseveró.
