Como parte de los trabajos legislativos encaminados al cierre de la Sesión Ordinaria, el Senado aprobó 21 medidas, entre ellas una legislación para enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
El segundo informe positivo del Proyecto del Senado 412 busca enmendar la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” para sustituir las penas basadas en grados por el sistema de penas fijas. Esta enmienda pretende garantizar el debido proceso de ley a todas las partes involucradas en un procedimiento criminal, ya que el maltrato agravado, mediante amenaza y restricción de libertad tipificados en la Ley 54 no fueron incluídos en la cláusula de transición del Código Penal.
El informe de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico dispone que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia endosaron la medida; mientras que la Oficina de Administración de los Tribunales se abstuvo. En el caso de las organizaciones Taller Salud, Proyecto Matria y la Red de Albergues de Violencia Doméstica no endosaron la medida según redactada.
Por otro lado, para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones de los empleados públicos jubilados en los próximos años, el Alto Cuerpo dio visto bueno al Proyecto de la Cámara 2038 que busca crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.
“Esta medida inicialmente beneficia directamente a unos 160 mil empleados públicos jubilados y pensionados. Además, a partir de su aprobación, beneficiará a aquellos nuevos jubilados y pensionados bajo diversas modalidades de retiro, tales como la ‘híbrida”, lee la legislación.
También, el cuerpo legislativo aprobó la reconsideración del Proyecto del Senado 1460 para otorgar una extensión al periodo de implantación de la Ley 56-2019, para extender hasta el año fiscal 2026-2027 el periodo para permitir que los maestros y asistentes de servicios al estudiante (T1 y T2) puedan obtener los requisitos en las certificaciones académicas en todas las áreas de difícil reclutamiento.
“Muchos de los maestros y las maestras que en el año 2021 hasta junio de 2024 le extendieron su nombramiento, no han podido cumplir con los requisitos porque la evaluación en el área de certificaciones se dilató, y en muchas universidades no tenían los cursos disponibles en los horarios y semestres que se ajustaran al tiempo disponible de los docentes. Por lo tanto, es la determinación de esta Asamblea Legislativa extender los periodos de implementación, para que los maestros y asistentes de servicios al estudiante (T1 y T2) puedan continuar ofreciendo sus servicios, para que el estudiantado no se afecte”, expresa la medida.
Además, para atemperar la industria lechera a los nuevos retos que la industria presenta, se aprobó el Proyecto del Senado 1488 que propone enmendar la “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”. Según la exposición de motivos, la medida pretende dar un “giro” hacia el desarrollo del mercado de leche de larga duración y sus derivados lácteos.
También se avaló el segundo informe del Proyecto del Senado 1035 que busca crear la “Ley para Establecer Patrones de Personal de Enfermería para la Atención de Pacientes en Instituciones de Cuidado Médico – Hospitalarias”. Asimismo, la legislación pretende establecer como política pública los patrones de personal de enfermería en las instituciones hospitalarias, así como pagos por jornadas extraordinarias.
“Luego de muchas gestiones, por fin podemos atender esta medida que le hace justicia a las enfermeras de este país. Tratamos de proteger a los médicos, pero se nos olvida el personal que nos atienden allí [en los hospitales] cuando estamos enfermos. Ese personal que está trabajando en exceso de tiempo y no está bien remunerado como otras áreas de la salud. Luego de vivir en una pandemia, ese personal que puso su vida en riesgo […] ese personal es indispensable y cada día se ha ido reduciendo porque se va a otras jurisdicciones donde se les garantiza mejores condiciones salariales. Yo sé que vivimos en una guerra entre aseguradoras, pero tenemos que hacer justicia para que ese personal esté presente y garantice la salud del país”, indicó el senador Javier Aponte Dalmau.
Del mismo modo, pese a que fueron discutidas y aprobadas a viva voz durante los trabajos legislativos, los proyectos de la Cámara 1243, 1886 y 1781 no se incluyeron en el calendario de votación final. En el caso del PC1243, busca enmendar la “Ley con el Acecho en Puerto Rico” y la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, con el fin de tipificar como una modalidad del delito de maltrato agravado el rastreo indebido mediante la utilización de un dispositivo tecnológico para determinar la localización de una persona, sin que medie su autorización.
“En los últimos años, se ha desarrollado la práctica de utilizar los Air Tags o cualquier otro dispositivo electrónico con características similares para localizar y/o monitorear personas. En el año 2022, una juez del Tribunal de Humacao encontró causa para juicio en el primer caso radicado en Puerto Rico por acecho en la cual surgió el uso de un Air Tag como parte del patrón de violencia”, reza la medida.
Para continuar la fiscalización de las aseguradoras médicas, se aprobó a viva voz el PC1781que propone crear la “Ley para prohibir represalia de aseguradoras contra proveedores de servicios de salud”, para prohibir la cancelación, no renovación o modificaciones unilaterales en los contratos de profesionales e instituciones de servicios de salud de planes médicos en represalia por haber presentado quejas.
En un turno sobre la medida, el senador Juan Oscar Morales sostuvo que “esta medida es justa y necesaria porque justamente atiende lo que le pasa a los proveedores de salud, que sin avisar las aseguradoras hacen cambios en las cláusulas de los contratos […] Le pido a las aseguradores que, si queremos continuar asegurando la salud, no impugnen [la medida] en los tribunales, alegando que tiene un impacto fiscal. El contrato es entre las partes, no es unilateral”.
Asimismo, se aprobó, a viva voz, el PC1886 para establecer la “Ley Especial de Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, Trabajadores I (TI)”, con el fin de disponer que la remuneración base de los asistentes de servicios especiales al estudiante (T1) comenzará a partir de los $1,800 mensuales, así como para otorgarles permanencia y brindarles oportunidades de capacitación.
Estas tres legislaciones, pese a su aprobación a viva voz, permanecerán en asuntos pendientes al no ser incluidas en el calendario de votación final de hoy, viernes.
El Senado continuará los trabajos legislativos el próximo lunes 24 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.
