El presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, aseguró que el operativo que iniciaron el fin de semana las autoridades federales en Puerto Rico y que dejó decenas de migrantes dominicanos detenidos, se realizó en el marco de la ley de Estados Unidos y de la orden ejecutiva recientemente firmada por el presidente Donald Trump.
Rivera Schatz se dirigió al pleno del Senado durante la sesión ordinaria del lunes para comentar sobre el operativo federal que ha provocado críticas de diversos sectores de la isla y que se desarrolló en la zona de Barrio Obrero, donde hay una concentración de migrantes provenientes de República Dominicana.
De igual forma, rechazó dar paso a dos resoluciones que pretendían censurar al gobierno de Estados Unidos a raíz de las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A diferencia de la gobernadora Jenniffer González, quien aseguró que el operativo la tomó por sorpresa, por lo que se reuniría con directivos de las agencias federales involucradas, Rivera Schatz normalizó el proceder de los agentes.
“El tema está regulado por algunas leyes, algunos reglamentos, y más recientemente por una orden que firmó el presidente de los Estados Unidos, y toca cumplir con ella. No hay otra”, dijo el legislador.
Rivera Schatz se expresó en contra de cualquier instancia de maltrato contra migrantes o cualquier ciudadano. “Nosotros no creemos en que se le violenten los derechos humanos a nadie, ni que mucho menos se le violente su dignidad”, planteó el líder senatorial.
Luego de operativo en Barrio Obrero, surgieron denuncias sobre presuntas acciones cuestionables por parte de agentes de ICE, que se alegan, por ejemplo detuvieron a personas que incluso poseían documentos que demostrarían que se encuentran en la isla legalmente.
“La forma en la que una administración o un presidente implementan la ley, es un tema a discutirse. No riñe, desde mi punto de vista, la sensibilidad, la compasión con los inmigrantes, con que se cumpla con la ley”, afirmó, al tiempo que se expresó deseoso de que el gobierno de Puerto Rico pudiera colaborar al máximo, según permite el marco legal actual, con los inmigrantes afectados.
