La comunidad de inmigrantes en Puerto Rico continúa en pie de lucha tras las recientes redadas que realizaron los agentes federales en la Isla por órdenes del presidente, Donald Trump, tras firmar una orden ejecutiva que busca deportar personas sin estatus migratorio definido en Estados Unidos y sus jurisdicciones.
El líder del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, confirmó este martes en Metro al Mediodía que realizarán la huelga “Un día sin inmigrantes”, como se hizo en Estados Unidos en 2017.
“Ayer tuvimos una reunión convocada por la ACLU en la Interamericana, donde más de 50 organizaciones se van a unir en apoyo a los inmigrantes. Tengo reunión con el comisionado residente (Pablo José Hernández) mañana, quien también que nos está apoyando. Y cerca de 40 alcaldes le vamos a pedir que también nos apoyen. El PIP y Victoria Ciudadana, también. O sea que esta lucha apenas empieza. Vamos a hacer marchas, vamos a hacer ´Un día sin inmigrantes´”, contó Rodríguez en el segmento digital.
Fue el 16 de febrero de 2017 que los inmigrantes que residen en Estados Unidos se unieron para protestar contra Trump, ya que comenzaría a construir un muro fronterizo con México y deportaría a millones de indocumentados.
El boicot consistía en que los inmigrantes no fueran a trabajar, no gastaran dinero y no enviaran sus hijos a la escuela. De esta manera, demostrarían el impacto que tenían las propuestas antiinmigrantes del presidente en la economía.
El domingo, el Homeland Security Investigations (HSI) en San Juan detalló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), en colaboración con las agencias federales del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), habían empezado a implementar la orden ejecutiva presidencial “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión” del pasado 20 de enero.
“Pero lo que más nos impacta es el día de hoy escuchar a la gobernadora decir que ella no va a perder fondos federales y la comprendo, que no va a impedir los arrestos y las redadas, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber sensibilidad social en este sentido porque ella buscó el voto de la comunidad inmigrante hasta debajo de las piedra y salir con eso ahora, con ese grado de insensibilidad, es increíble”, puntualizó el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos.
“Pero lo que más nos impacta es el día de hoy escuchar a la gobernadora decir que ella no va a perder fondos federales y la comprendo, que no va a impedir los arrestos y las redadas, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber sensibilidad social en este sentido porque ella buscó el voto de la comunidad inmigrante hasta debajo de las piedras y salir con eso ahora, con ese grado de insensibilidad, es increíble”, puntualizó el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos.
Anoche la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se dirigió a la prensa después de tener una reunión con los componentes de seguridad a nivel federal, quienes le afirmaron que los arrestos se están realizando solo a inmigrantes que han cometido delitos.
“Yo creo que sacar de las calles a las personas que hayan cometido delitos, es bueno para la seguridad pública, en el caso nuestro el trasiego de drogas en Puerto Rico, se va a aumentar los recursos para combatirlo y sacar de la calle a personas que han delinquido y que han matado una o dos veces y que tienen ese récord y andaban por ahí”, expresó la primera mandataria en conferencia de prensa.
La excomisionada residente en Washington D.C. comentó además que le solicitó a las agencias federales que se lleve a cabo un protocolo en coordinación con el gobierno estatal cuando se realicen operativos en iglesias, hospitales o escuelas. González Colón pidió que se hagan con “sensibilidad y sin atentar con inmigrantes que están en la Isla de manera legal”.
La gobernadora además indicó que estará evaluando los servicios que se le brindan a personas con estatus migratorio no definido, como lo son el área de salud y las licencias de conducir.
“Más que un disloque, ahora nosotros vamos a tener que interpretar y revisar cual va a ser el alcance de derechos en el área de salud, en el área de las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico, aunque esto no se nos ha solicitado”, añadió González Colón.
