Un grupo de organizaciones a favor del ambiente rechazaron una medida presentada en la Cámara de Representantes que propone la extensión del contrato de quema de carbón de la empresa AES Puerto Rico.
Según las organizaciones, entre las que se encuentra el Sierra Club, el Proyecto de la Cámara 267, provoca que se perpetúen los graves daños a la salud pública, particularmente en las comunidades de Guayama y Salinas y representa un “grave retroceso” en la política ambiental y eléctrica de la isla.
“El historial de AES es de destrucción ambiental, violaciones a las leyes e impacto a la salud pública. Extender su operación sería una sentencia de muerte para muchas comunidades. Desde el inicio de sus operaciones en 2002, AES ha sido objeto de numerosas denuncias por los efectos tóxicos de la quema de carbón y la disposición de sus cenizas. Más de dos millones de toneladas de cenizas tóxicas han sido dispersadas en 12 municipios de Puerto Rico, mientras que otras 700,000 toneladas fueron enterradas de manera ilegal en vertederos. A pesar de una orden de la Junta de Calidad Ambiental en 2017 para contener estos residuos, AES ha incumplido con estas regulaciones y continúa acumulando cenizas a la intemperie en sus instalaciones”, señaló Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club, en su ponencia presentada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
La líder ambiental expuso en su ponencia que según el Inventario de Emisiones Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), entre 2002 y 2023 la planta de AES emitió más de 16 millones de libras de sustancias tóxicas, incluyendo amoníaco, ácido sulfúrico y formaldehído, emisiones que han sido vinculadas con el aumento en enfermedades respiratorias y cáncer en las comunidades cercanas.
Estas declaraciones fueron suscritas, además del Sierra Club, por Vínculo Animal, Secretaría Ambiental del PIP, Toabajeños en Defensa del Ambiente, y Amigxs del Mar.
De igual forma, la licenciada Ruth Santiago Quiñones, representante del Comité Diálogo Ambiental resaltó en su ponencia que la extensión del uso de carbón en la generación de energía representaría un costo demasiado alto para la salud humana y ambiental de las y los puertorriqueños.
“Actualmente existen alternativas viables y sostenibles, como el crecimiento de la energía solar distribuida y el almacenamiento con baterías, para garantizar el suministro eléctrico del país sin depender de combustibles fósiles. No hay justificación para seguir invirtiendo en modelos contaminantes y obsoletos como el de AES”, reiteró.
La licenciada señaló que hay un consenso generalizado en contra de la quema de carbón, y aunque persisten preocupaciones sobre la estabilidad del sistema eléctrico en caso de un cierre de la planta AES, existen datos oficiales que demuestran que Puerto Rico cuenta con suficiente capacidad de generación y almacenamiento para suplir la demanda sin necesidad de recurrir a la quema de carbón.
“Puerto Rico no tiene que continuar como rehén de AES. Existen más de 1,032 MW de energía solar en techos y 2,151 MWh de almacenamiento. Aún si se resta la generación de AES, la isla puede operar sin interrupciones”, puntualizó Santiago.
Santiago solicitó al Cuerpo Cameral a que realicen vistas públicas en Guayama para garantizar la participación de las comunidades afectadas.
Finalmente, Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), insistió que permitir la extensión del contrato de AES para la quema de carbón no sólo profundizará la crisis ambiental y de salud pública, sino que también representaría un retroceso en los esfuerzos por una transición energética justa y sostenible.
“Prolongar la existencia de esta industria criminal es condenar a nuestras familias y comunidades a seguir respirando veneno y viviendo entre cenizas tóxicas. Las comunidades afectadas han exigido justicia durante años, y esta es una oportunidad para que la Legislatura demuestre su compromiso con el bienestar del pueblo y con las futuras generaciones. Ante la abrumadora evidencia de los daños causados, exigimos a los legisladores y legisladoras de la Comisión de Gobierno que rechacen de manera categórica el PC 267. No hacerlo es fallarle al pueblo. Puerto Rico merece un modelo energético que garantice justicia ambiental y el bienestar de su gente, no la perpetuación de una industria obsoleta y devastadora”, concluyó Alvarado Guzmán.
