El caso de la señora que fue arrestada pero no acusada tras dejar a sus tres niños de 2, 7 y 9 años solos para ir a su trabajo nocturno en un cuido de envejecientes ha provocado un complejo y peligroso debate que navega entre la solidaridad y el cumplimiento con la ley.
Reconociendo que mi opinión pudiera ser malinterpretada, juzgada y criticada, creo que nadie puede intentar superarse, rechazando las “limosnas” del Gobierno, como ha dicho ella, a expensas de un riesgo para la integridad física de nuestros hijos. Voy más allá, creo que, como sociedad, el interés publico tiene que ser defender a los menores por su capacidad de indefensión ante un escenario inadecuado. Defender al adulto que vulneró la seguridad de unos menores por empatía o solidaridad, puede sonar extrañamente simpático, pero incorrecto.
Pongámoslo de esta forma, si esos niños hubiesen muerto por un fuego en esa residencia, estoy seguro de que hoy estaríamos todos cayéndole encima al guardia de seguridad del complejo que, sabiendo que esos nenes estaban solos, no llamo a la Policía. ¿No es así?
El debate aquí tiene que ser sobre las fracasadas políticas publicas para combatir la pobreza y la desigualdad social que mantienen, todavía en el 2024, a unas 65,000 familias dirigidas por mujeres solas, bajo los niveles de pobreza, según un reciente estudio del Instituto de Desarrollo de la Juventud.
En un país donde casi el 70% de la población hábil para trabajar anda viviendo del mantengo gubernamental o en la economía informal, es una maravillosa gota de agua en el desierto que una mujer diga a boca de jarro que quiere trabajar y no vivir de ayudas estatales. Sin embargo, eso jamás puede estar sujeto a poner en peligro a sus hijos.
Sonará feo, pero tener hijos es una opción. La decisión de tener hijos o no, y cuántos se van a tener, si es más de uno, tiene que ocurrir desde una sexualidad responsable y tomando en consideración las circunstancias socioeconómicas y personales en las que se vive. Lo contrario es una irresponsabilidad que a la larga se traduce en una carga social que desemboca, en muchos casos, en problemas que terminamos pagando todos.
Además de todo esto, me parece que el gobierno ha abierto una peligrosa puerta cuando decidió no proceder en el caso para no “criminalizar la pobreza”. Me parece genial que el estado haya decidido no criminalizar la pobreza, pero esa afirmación resulta en una gran hipocresía cuando lo hacen todos los días con los operativos antidrogas e intervenciones policiacas en las barriadas más pobres y no en los sectores donde viven los adinerados que consumen o desde donde facilitan la entrada de esa mercancía ilegal.
Aplicar o no la ley no debe ser decisión de un policía o un fiscal a base de su nivel de empatía o solidaridad con un arrestado o denunciado de delito. A fin de cuentas, nuestro sistema establece que esa potestad de perdonar a un convicto de delito la tiene el Gobernador, nadie más. Hoy nos parece simpático que a la señora la hubiesen perdonado tratándose de un caso que se ventiló ante los ojos del país, pero ¿pasaremos con ficha los perdones que por lo bajo den policías y fiscales en casos no tan simpáticos de ahora en adelante o abogaremos por el principio de que todos somos iguales bajo la ley?
Hace 20 años a un candidato a la gobernación por poco lo linchan por hacer exactamente lo mismo, en ese caso para ir a una responsabilidad de su trabajo que era un evento de campaña. En aquel caso se trataba de nenes mas grandecitos, no de 2, 7 y 9 años. Aun así, el trato fue distinto, por la única razón de las clases sociales a las que se pertenece.
Por lo tanto, cuidado con no caer en un debate entre ricos, clase media y pobres. El norte de todos tiene que ser reducir la brecha en la desigualdad social y crear un mejor clima económico para que mujeres como la de este caso y ciudadanos en general, tengan acceso al trabajo, adaptado a sus realidades y circunstancias de vida. En lo que eso llega, dejar a un bebe de 2 años al cuidado de un niño de 9, no es la solución.
