La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respondió a la carta enviada por un grupo de congresistas de Estados Unidos, encabezado por las políticas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes le solicitaron reconsiderar su oposición a la Ley 10 de 2024, que enmienda el Programa de Medición Neta, de tal forma que prohíbe al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ejecutar cualquier estudio antes del 2030 sobre el otorgamiento de créditos por la generación de electricidad a través de sistemas de energía solar.
En su carta, la Junta reafirmó su apoyo a la medición neta y a la expansión de la energía renovable en Puerto Rico, pero reiteró que la nueva legislación afecta la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como regulador. El ente fiscal coincidió con los congresistas en que el programa de energía solar en techos de Puerto Rico bajo la Ley 114-2007 “ha sido efectivo para hacer viable la producción de energía renovable para miles de personas para quienes, de otro modo, habría estado fuera de su alcance” y reconoció que este es un elemento clave para alcanzar la meta de 100 % energía renovable en Puerto Rico para el año 2050.
“La energía más limpia es un elemento clave en la transformación energética de Puerto Rico. Es por eso que la Junta de Supervisión apoya la energía solar en techos y la medición neta”, puntualizó el organismo en la carta.
Sin embargo, la Junta defendió su postura de que la Ley 10 interfiere con la autoridad del NEPR como regulador independiente, al impedirle realizar un estudio sobre el impacto del programa de medición neta. Indicaron que, la invalidación de la Ley no Interferiría con quienes ya instalaron energía solar en sus hogares, simplemente facilita el trabajo del Negociado.
“Invalidar la Ley 10 no acabaría con la medición neta ni cambiaría los términos para quienes ya instalaron energía solar en sus techos. Invalidar la Ley 10 simplemente permitiría que el Negociado de Energía continúe haciendo su trabajo, tal como se le ordenó bajo la Ley 17”, subrayó la Junta.
FOMB – Letter – Congress of the United States – Act 10-2024 – February 20, 2025 by fabianasofiadelpin on Scribd
El organismo, además, recordó que la Ley 17 requería que el NEPR realizara un estudio sobre el programa de medición neta y ofreciera determinaciones y recomendaciones basadas en datos y hechos. Según la carta, en junio de 2024, el Negociado publicó un borrador titulado Estudio sobre Medición Neta y Energía Distribuida, en el que se analizan los costos y beneficios del programa tanto para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como para los consumidores, incluyendo aquellos sin acceso a sistemas solares.
“El Negociado de Energía debe tener la oportunidad de extraer sus propias conclusiones independientes del informe y decidir qué acciones, si alguna, deben tomarse en interés del pueblo de Puerto Rico”, sostuvieron.
El ente fiscal también destacó que, bajo la Ley 17, las conclusiones del estudio del NEPR estarían sujetas a un proceso de comentarios públicos. En contraste, criticó que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no realizó vistas públicas antes de aprobar la Ley 10 ni tomó en cuenta estudios o informes previos sobre su impacto.
“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no llevó a cabo ninguna audiencia pública sobre la Ley 10, lo cual usualmente es parte del proceso legislativo, ni se benefició de ningún estudio o informe que examinara el efecto de la ley, ni siquiera de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa”, señaló la Junta.
El grupo de congresistas demócratas, que también incluyó a Rashida Tlaib, Dan Goldman, Delia C. Ramírez, Adriano Espaillat, Raúl M. Grijalva, André Carson, Lloyd Doggett, Grace Meng, Ritchie Torres, Paul D. Tonko y Yvette D. Clarke, ha defendido la Ley 10. En su carta, expresaron preocupación porque la Junta “está abogando por la independencia del Negociado al mismo tiempo que impone su visión restrictiva sobre los méritos del programa de medición neta”.
También, señalaron que el propio Negociado había indicado que el estudio debía realizarse una vez la generación de energía renovable alcanzara el 25 % de la producción total en la isla, cuando actualmente solo el 5 % de la electricidad proviene de fuentes renovables.
A pesar de la controversia, la Junta insistió en que las decisiones sobre el programa de medición neta deben basarse en análisis técnicos y no en decisiones políticas.
“En nuestra opinión, la piedra angular de un sector energético eficaz es un regulador políticamente independiente, y solo un regulador independiente es un regulador efectivo”, afirmó la Junta.
