La noticia tomó a muchos por sorpresa. A otros la verdad es que solo fue la confirmación de una sospecha.
Hablo de la contratación de Francisco Berríos Portela como ejecutivo de Quanta Services Puerto Rico. Una movida que para otros es un descaro. La confirmación de las viejas denuncias de que el Gobierno se ha convertido en una gigantesca puerta giratoria por donde entran y salen personas desde y hasta el sector privado y, consigo, el enorme capital del conocimiento adquirido desde puestos de alta responsabilidad en el sector público. Repasemos los hechos. Berríos Portella ocupó por pedido del exgobernador Pedro Pierluisi el puesto de secretario auxiliar de asuntos energéticos y fue nombrado luego de una de las mayores crisis de opinión pública con el desempeño de LUMA Energy.
Tras su designación en agosto de 2022, Berríos Portella aseguraba que su plan era “fiscalizar todos los temas relacionados a la transformación del sistema energético, temas que incluyen la operación de LUMA, la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el uso de los fondos, los programas de incentivos que existen, igualmente los roles que tiene el programa de política pública energética”.
Recuerdo que en medio de una entrevista que le realizaba entonces para Radio Isla 1320, el funcionario aseguraba que su fiscalización incluiría la redacción de informes periódicos sobre el desempeño de esa empresa y, tras mi insistencia, declaró que tales informes se harían públicos.
Pero a pesar del descontento generalizado con Luma, poco se sabe del saldo del trabajo de fiscalización del ingeniero. De hecho, en medio de una entrevista que le realicé y que publicó en noviembre pasado, Berríos me afirmaba que no encontró incumplimiento alguno en las responsabilidades contractuales de Luma Energy. Dando “fast forward” al 2025, el mismo funcionario encargado de fiscalizar y quien no parece haber encontrado fallas en el contrato, a pesar de las banderas que saltan desde el sentido común, ha terminado contratado por Quanta Puerto Rico, una compañía afiliada a la matriz de Luma. Pero no pasa nada. Porque a pesar de la evidente apariencia de conflicto, el funcionario recibió el visto bueno de la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Será que alguien piensa que todos somos tontos?
No es la primera vez que Ética da permiso a funcionarios para ocupar posiciones que desde la opinión publica parecen ser violatorias de normas éticas o, cuanto menos, del decoro.
Por allá por 2013 la entonces secretaria de Salud, Ana Rius, protagonizó una controversia que llevó a la hoy gobernadora, Jenniffer González, a radicar una querella luego que trascendiera que la funcionaria ocuparía el cargo de secretaria el tiempo que mantenía su práctica como anestesióloga.
Por otra parte, en 2016 el exgobernador Luis Fortuño solicitó a la entonces directora de Ética, Zulma Rosario, una dispensa para aceptar una oferta de trabajo como parte del Consejo de Administración de “Albertis”, compañía dueña de Metropistas, la misma empresa a la que bajo del gobierno de Fortuño se le otorgó un contrato de privatización. Ya antes Fortuño había solicitado dispensa para aceptar una oferta del bufete Steptoe, al que su gobierno había entregado contratos por más de $20 millones según reseñaban partes de prensa de la época. Y si busca, seguro encontrará más ejemplos.
Si no se presta atención, se corre el riesgo de no enterarnos de movidas similares que ocurren “as we speak”. El director de la Oficina de ética, Luis Pérez Vargas, le confirmaba a Milly Méndez también en Radio Isla 1320 que otros funcionarios pidieron dispensas para aceptar ofertas de sectores relacionados a su trabajo del lado del gobierno. Por ejemplo, el hasta hace muy poco subdirector de la Autoridad de Puertos, habría solicitado una dispensa para trabajar con Aerostar, la empresa privatizadora que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. De igual manera, antes de aceptar convertirse en el ‘zar’ de energía de la actual administración, Josué Colón, habría solicitado una evaluación para aceptar ofertas de Luma Energy y de Genera PR, empresas que ahora debe fiscalizar.
En fin. Que las fronteras de lo que es ético y lo que no lo es son cada vez más escurridizas. Una realidad que nos llama a todos a mantenernos vigilantes. A cuestionar y a unir las piezas del rompecabezas de los asuntos públicos por aquello de que fallen cuando intenten tomarnos el pelo.
