La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó el miércoles a la Cámara de Representantes que interpele a la presidencia y a la Junta de Gobierno de la institución por incumplir con las aportaciones patronales al sistema de pensiones, lo que ha generado una deuda de 48.1 millones de dólares en los últimos tres años fiscales.
Luis Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro, denunció que la administración universitaria continúa reteniendo fondos que deberían ser destinados a las pensiones de los empleados.
“No podemos seguir teniendo funcionarios que decidan no enviar las aportaciones a los sistemas de retiro. Hay una obligación de ley”, expresó Vicenty Santini en declaraciones escritas.
Además, señaló que la falta de pagos ha obligado al retiro universitario a vender inversiones para mantener la liquidez, lo que compromete la estabilidad del sistema.
Ante esta situación, la representante María de Lourdes Ramos Rivera, presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro, insistió en su pedido de interpelación a la Junta de Gobierno y a la presidencia de la UPR, al tiempo que reiteró su exigencia de renuncia a Ricardo Dalmau Santana, presidente del organismo. La legisladora criticó su inacción para recuperar más de $60,000 en gastos improcedentes realizados por la pasada presidenta de la Junta, Mayda Velasco.
Vicenty Santini detalló que, en el año fiscal 2022-2023, la Junta de Gobierno dejó un déficit de 10.1 millones de dólares al enviar solo 143 millones de dólares en aportaciones, cuando el actuario recomendó 154 millones de dólares. En el año fiscal siguiente, la UPR presupuestó 124 millones de dólares, omitiendo 30 millones de dólares adicionales. Para el presente año fiscal, la recomendación actuarial es de 155.8 millones de dólares, pero solo se han asignado 147.7 millones de dólares , excluyendo 8 millones de dólares en aportaciones.
“Si se suman los daños por la pérdida del costo de oportunidad, la deuda superaría los 100 millones de dólares”, advirtió.
El presidente de la Junta de Retiro también propuso crear legislación que imponga consecuencias legales a patronos públicos y privados que incumplan con sus pagos a los sistemas de retiro, incluyendo la inhabilitación de funcionarios que participen en “esquemas de menoscabo a planes de pensiones”.
“Nos parece que un buen proyecto de ley sería asignar responsabilidad penal y calificar como delito grave la retención de fondos destinados a sistemas de retiro”, sostuvo Vicenty Santini.
Varios legisladores coincidieron en la necesidad de legislar para responsabilizar a las autoridades universitarias. La representante Lisie Burgos Muñiz respaldó la idea de que los funcionarios respondan por sus incumplimientos y se elimine el sentido de impunidad que prevalece en el manejo de los fondos del retiro.
Ramos Rivera adelantó que se reunirá con la Junta Fiscal para discutir la exclusión de las aportaciones patronales en los presupuestos de la UPR. La legisladora recordó que la jueza Laura Taylor Swain ya ha advertido sobre la falta de autoridad del ente fiscal sobre la universidad, dado que su sistema de retiro fue establecido antes de la llegada de la Junta Fiscal.
“La Junta ha estado violentando la Ley de la Universidad, que establece que deben garantizar un sistema de retiro a sus empleados”, afirmó Ramos Rivera.
