Las principales organizaciones magisteriales de Puerto Rico se manifestaron en contra del Proyecto del Senado 89, que busca establecer los Sistemas Municipales de Educación.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Únete y Educamos, junto a la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), expresaron su oposición a la iniciativa durante la presentación de sus memoriales explicativos ante la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, presidida por el senador José A. Santiago Rivera.
La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, expuso su rechazo durante una ponencia ante la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, donde comparó la propuesta con la Ley 85 de 2018, que permitió la creación de escuelas charter. Martínez advirtió que esta iniciativa entregaría el sistema educativo “en bandeja de plata a los especuladores” y favorecería el clientelismo político.
“Nos oponemos a todo proyecto que busque desmantelar nuestro sistema educativo y entregárselo, por la modalidad que sea, al favoritismo de la política partidista o a manos privadas”, afirmó Martínez, señalando que la municipalización solo fortalecería tendencias perjudiciales que han afectado a las escuelas públicas.
Eva Ayala, representante de Educamos, fue una de las primeras en alzar su voz, destacando que el proyecto profundiza los problemas de inequidad y fragmentación dentro del sistema educativo. Ayala expresó que la propuesta no aborda las verdaderas causas de la crisis educativa, como la insuficiencia de recursos, la baja calidad de la infraestructura escolar y la creciente carga administrativa para los educadores.
“La municipalización no es la solución a la crisis educativa. Necesitamos una reforma integral que invierta en nuestras escuelas, no que las divida y las deje a merced de los intereses políticos locales”, afirmó Ayala.
Por su parte, Víctor Bonilla, presidente de la AMPR, calificó el proyecto como un intento de desmantelar las escuelas públicas a favor de intereses privados. En su intervención, Bonilla hizo hincapié en que el sistema educativo no debe ser gestionado como una empresa ni fragmentado entre 78 alcaldes.
“La educación no puede ser vista como un negocio, ni el bienestar de nuestros niños y jóvenes debe quedar en manos de políticos de turno”, subrayó Bonilla.
La profesora, Liza Fournier Córdova, presidenta de Únete, también mostró su preocupación por las repercusiones que tendría la municipalización de las escuelas. La dirigente enfatizó que el proyecto desconoce las deficiencias que presentan los municipios en términos de capacidad administrativa y financiera para gestionar sistemas educativos de calidad.
“Los municipios, en su mayoría, carecen de los recursos y la infraestructura para manejar escuelas. A pesar de que algunos municipios más grandes gestionan una o dos escuelas, la gran mayoría de ellos no tienen la capacidad para manejar miles de estudiantes”, sostuvo Fournier Córdova.
OGP señala varios retos gerenciales y fiscales
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de Puerto Rico, Orlando C. Rivera Berrios tomó una postura cautelosa y de preocupación frente al Proyecto del Senado 89. Si bien expresó apoyo a los objetivos de la medida, que busca fortalecer el sistema educativo mediante la participación de los municipios, Rivera Berríos manifestó serias preocupaciones sobre los posibles impactos fiscales y administrativos que podría generar su implementación.
El director de la OGP destacó varios desafíos, como la posible duplicación de recursos con el Departamento de Educación (DE) y la falta de claridad sobre la capacidad administrativa y fiscal de los municipios para gestionar los sistemas educativos propuestos. Indicó que “la ausencia de información nos impide elaborar un análisis con métricas objetivas, ya que cualquier estimación sería especulativa”.
Además, señaló que, debido a la falta de datos cruciales, como el número de estudiantes que se integrarían a estos sistemas y los costos asociados, resulta difícil evaluar con precisión el impacto presupuestario de la medida. A pesar de reconocer los beneficios potenciales de la ley, Rivera Berríos sugirió que se debe contar con más información antes de tomar una decisión final. También recomendó que los municipios interesados en implementar el sistema educativo municipal presenten planes detallados que demuestren su capacidad para cumplir con los estándares establecidos y gestionar adecuadamente los recursos.
