La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) realizó nuevamente este jueves un llamado al gobernador, Pedro Pierluisi, para que proteja la política de medición neta de la Isla, a la luz de un nuevo análisis sobre la distribución de ingresos de las familias con instalaciones solares.
El llamado surge en respuesta a dos cartas emitidas por la Junta de Supervisión Fiscal, amenazando con intentar anular la crucial Ley 10 de 2024, que protege la medición neta en Puerto Rico.
Los resultados del estudio de SESA revelan que aproximadamente el 30% de las familias con sistemas de energía solar se encuentran en la categoría de ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés), por lo que cualquier amenaza a esta población vulnerable pueda resultar en que no puedan costear ni instalar paneles solares.
Además, el análisis demuestra que alrededor del 60% de las personas que instalan energía solar son de ingresos bajos, moderados o medios. Esto significa que el 30% de los que instalan energía solar en sus hogares ganan menos de $48,000 anuales para una familia de cuatro en la isla, y el 60% gana menos de $72,000.
“Ante la inestabilidad de la red eléctrica en Puerto Rico, evidenciada por los recientes apagones que dejaron a más de un millón de personas sin electricidad y los apagones continuos en múltiples municipios del sur de la isla, la energía solar se torna en una solución cada vez más crítica. Proyectamos que 50,000 familias instalarán energía solar este año, pero si se devalúa, aun levemente, la crucial política de medición neta (vigente ininterrumpidamente en la isla desde creada por ley en 2007) esto resultaría en una reducción de al menos 30% en instalaciones solares, y solo 35,000 hogares adoptarán la energía solar este año. Mas alarmante aún: quienes se quedarían fuera cada año y sin protección contra apagones serán precisamente 15,000 familias de ingresos bajos y moderados”, aseguró PJ Wilson, presidente de SESA.
Wilson explicó, además, que cualquier devaluación de la medición neta también limitaría sustancialmente el beneficio a más de 50,000 familias de muy bajos ingresos que actualmente se proyecta recibirán sistemas solares y de baterías de muy bajo costo o gratuitos con varios fondos federales, incluyendo el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico de $1 mil millones del DOE de Estados Unidos y los programas HUD CDBG-DR y CDBG-MIT.
“Es esencial mantener la política actual de medición neta para Puerto Rico. El Programa de Medición Neta garantiza el acceso equitativo a la energía solar, especialmente para los más vulnerables. No es el momento para promover cambios al Programa ni podemos permitir que se elimine. Ahora más que nunca, la gente lo necesita,” sostuvo Wilson.
“SESA hace un llamado al Gobernador para defender con firmeza la Ley 10 de Puerto Rico, que protege la crucial política de medición neta en la Isla al menos hasta 2031. Instamos al Gobernador a mantenerse firme en oposición a las amenazas de la Junta de Supervisión Fiscal para intentar anular esta ley crucial”, concluyó.
