Más de 50 organizaciones religiosas, comerciales, profesionales, sindicales, ambientales, industriales, educativas, comunitarias y culturales entregaron hoy una carta a la jueza Laura Taylor Swain, con copia a los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. La carta enfatiza las graves consecuencias de los aumentos en las tarifas eléctricas exigidos por los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y urge a la jueza a reconsiderar esta medida.
“Le escribimos como representantes de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña para reiterar nuestra firme oposición a más aumentos en la luz para pagar la deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Muchas de nuestras organizaciones, junto a casi 800 individuos, ya hemos presentado objeciones al propuesto Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE porque impondrá un cargo insostenible en la economía y al sistema eléctrico de nuestro archipiélago”, expresan las organizaciones en su misiva.
La preocupación se ha intensificado tras el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que ha animado a los bonistas de la AEE a insistir en recibir un pago aún mayor. “Estamos seriamente preocupados que los bonistas de la AEE, animados por el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, están insistiendo en recibir un pago aún mayor”, señala la carta.
Las organizaciones recalcan que el sistema eléctrico de Puerto Rico está en una condición física peor que hace un año, cuando se propuso el PAD de la AEE. Según datos de LUMA, la frecuencia y duración de los apagones han empeorado en el último año, afectando gravemente la calidad de vida de los residentes de la isla.
El documento destaca que el sistema eléctrico necesita mantenimiento urgente y miles de millones de dólares en inversiones, más allá de los fondos federales disponibles, para proveer un servicio adecuado. “Desviar miles de millones de dólares para pagarle a los bonistas perpetúa un sistema eléctrico disfuncional”, afirman.
Las organizaciones advierten que los aumentos en las tarifas eléctricas no garantizan más ingresos netos para pagar a los bonistas, pero sí aseguran un servicio más costoso e ineficiente. “Las tarifas más altas impuestas para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla”, advierte la carta.
Además, se subraya la situación crítica de más de 10,000 pensionados de la AEE y sus familias, quienes enfrentan la incertidumbre de no contar con una fuente establecida para el pago de sus pensiones a partir de septiembre de este año.
Las organizaciones urgen a la jueza Swain a asegurar que este caso de quiebra realmente resulte en un nuevo comienzo para Puerto Rico y su sistema eléctrico. “Nosotros – los que vivimos, estudiamos y trabajamos en el presente en Puerto Rico, así como también las futuras generaciones – seremos los más impactados por su decisión y nos enfrentaremos a las consecuencias por décadas. Urgimos a su señoría asegurar que este caso de quiebra realmente resulte en un comienzo nuevo para Puerto Rico y su sistema eléctrico”, concluye la carta.
“Muchas de nuestras organizaciones, junto a casi 800 individuos, ya hemos presentado objeciones al propuesto Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE porque impondrá un cargo insostenible en la economía y al sistema eléctrico de nuestro archipiélago. Estamos seriamente preocupados que los bonistas de la AEE, animados por el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, están insistiendo en recibir un pago aún mayor”, expresó Ramón “Monchito” Ortiz, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.
Ortiz advirtió que los aumentos en la luz representarían un costo adicional de miles de dólares al año para sus negocios, costos que inevitablemente serían transferidos a los consumidores.
Los miembros de las organizaciones recordaron que mañana, 10 de julio, la jueza Swain celebrará una vista judicial a las 2 de la tarde para escuchar las interpretaciones de las partes del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el mes pasado. Tras la decisión del tribunal apelativo, un grupo de bonistas de la AEE, liderados por GoldenTree Asset Management, solicita que se reinicie el proceso judicial para que Puerto Rico pague la totalidad de los $8.5 mil millones de la deuda en bonos, en vez de los $2.5 mil millones propuestos en el Plan de Ajuste de la Deuda.
Por su parte, Linda Ayala, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad, advirtió que las tarifas más altas impuestas para pagar la deuda, sumadas a un servicio pésimo, resultarán en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de la isla.
“Nuestro sector de salud depende en energía confiable para poder brindar servicios al pueblo”, enfatizó.
