La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que presentó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para anular la Ley 10-2024 (Ley de Medición Neta) y así permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política.
Según explica el comunicado, la independencia del Negociado de Energía es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico. La Ley 10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares. El propósito de la acción de la Junta de Supervisión es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico.
“El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas”, expresó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert Mujica.
“Crear un Negociado de Energía independiente fue la decisión correcta”, añadió.
A través de esta acción, la Junta busca únicamente eliminar las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía, que según explica la agencia amenazan con socavar el progreso que el Negociado de Energía ha logrado en los últimos años en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Asimismo, dentro del comunicado se señala que “invalidar la Ley 10 no cambiaría los términos para aquellos clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares”.
“La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”, dijo Mujica.
El director de la Junta afirmó que “En 2019, el Gobierno de Puerto Rico entendió esto y eliminó la política del sistema energético. El nuevo regulador independiente debía determinar la política energética basada en hechos y datos, no en política ni en influencias de intereses particulares. Dejemos que el Negociado de Energía haga su trabajo”.
