La organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) denunció este lunes, nuevamente la falta de acción por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre una serie de crímenes ambientales en la comunidad de Ranchos Guayama en Salinas.
A pesar de múltiples informes al cuartel de vigilantes del DRNA en Guayama, según ASPA las autoridades han fallado tanto a la comunidad como al medio ambiente.
En junio de 2021, los vecinos notificaron repetidamente la construcción ilegal de un campo de tiro. Inicialmente, las denuncias fueron ignoradas hasta que los residentes, organizados bajo ASPA, se movilizaron al cuerpo de vigilantes en Guayama. Adicionalmente, se han realizado llamadas por la quema de cobre, cuyo humo tóxico afecta la salud y el medio ambiente de Ranchos Guayama.
Otra grave denuncia involucra el movimiento y excavación de cenizas tóxicas de carbón de la carbonera AES, por parte de la empresa JM Caribbean Builder, la cual fue contratada por el municipio de Salinas para la reconstrucción de las calles de Ranchos Guayama. Aunque la querella Q-GUAT-324-2023 fue tomada por la Junta de Calidad Ambiental y cerrada por la técnica Viviana Vega, quien alegó que era un proyecto municipal, ASPA continúa exigiendo una respuesta efectiva.
El 29 de junio de 2024, se reportó nuevamente al cuartel de vigilantes de Guayama que el contratista, JM Caribbean Builder, estaba enterrando cenizas tóxicas en la comunidad. La querella Q-GUAT-137-2024 fue tomada por el vigilante Flores, quien indicó que en ese momento no había personal disponible para atender la situación. A pesar de los seguimientos que la comunidad realizó el 1, 3, 9, 10 y 12 de julio de 2024, no hubo respuesta adecuada por parte del DRNA. Finalmente, el 11 de julio de 2024, el vigilante Flores afirmó que el municipio de Salinas tenía permiso para enterrar y depositar las cenizas tóxicas en el lugar, y esto fue reafirmado por su supervisora María Santiago. ASPA solicitó copia de ese permiso, pero el mismo no ha sido provisto.
La organización comunitaria asegura que el entierro de cenizas tóxicas viola la Ley 40-2017, la cual prohíbe el uso de residuos de la combustión de carbón en Puerto Rico.
Además de todas estas situaciones y agresiones ambientales, el colectivo denunció también la persecución de las cuales han sido objeto por parte del biólogo del DRNA, Juan Colón Rivera, quien es legislador municipal por el Partido Popular en Salinas, y quien utilizó el cuerpo de vigilantes para hostigar al presidente de ASPA, José Cora Collazo, y a otros miembros de la organización, en lugar de enfocarse en los verdaderos crímenes ambientales.
“Exigimos que el mismo entusiasmo y recursos utilizados para hostigar a los denunciantes sean aplicados para combatir los crímenes ambientales en Salinas,” declaró José Cora, portavoz de ASPA.
